JUICIO DE REVISIÓN CONSTITUCIONAL ELECTORAL.

EXPEDIENTE: SUP-JRC-565/2007.

ACTOR: COALICIÓN “ALIANZA PARA VIVIR MEJOR”.

AUTORIDAD RESPONSABLE: TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE CHIAPAS.

TERCERO INTERESADO: PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.

MAGISTRADO PONENTE: MANUEL GONZÁLEZ OROPEZA.

SECRETARIOS: CARLOS BÁEZ SILVA Y FRANCISCO BELLO CORONA.

México, Distrito Federal, a veintiocho de diciembre de dos mil siete.

VISTOS para resolver, los autos del juicio de revisión constitucional electoral identificado con la clave SUP-JRC-565/2007, promovido por la coalición “Alianza para Vivir Mejor” en contra de la sentencia dictada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Chiapas el treinta de noviembre del presente año en el juicio de nulidad electoral TEPJE/JNE/043-“A”/2007 y sus acumulados TEPJE/JNE/067-“A”/2007 y TEPJE/JNE/068-“A”/2007, en relación con la elección de miembros del Ayuntamiento de Tapachula, Chiapas, y

R E S U L T A N D O

PRIMERO. Antecedentes.

De las constancias de autos se advierte lo siguiente:

1. Jornada Electoral. El siete de octubre de dos mil siete se llevó a cabo la jornada electoral para elegir, entre otros, a los integrantes del Ayuntamiento de Tapachula, Chiapas.

2. Cómputo municipal. El diez de octubre siguiente, el Consejo Municipal Electoral de Tapachula, Chiapas, realizó el cómputo municipal, declaró la validez de la elección y expidió las constancias de mayoría y validez a favor de los candidatos postulados por el Partido Revolucionario Institucional.

Los resultados fueron los siguientes:

3. Juicio de nulidad electoral. Disconformes con lo anterior, el quince de octubre de este año, la coalición “Alianza para Vivir Mejor” y los partidos del Trabajo y Verde Ecologista de México presentaron sendas demandas de juicio de nulidad electoral.

4. Sentencia reclamada. El treinta de noviembre de dos mil siete, el Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Chiapas dictó sentencia en el juicio de nulidad electoral número TEPJE/JNE/043-“A”/2007 y sus acumulados TEPJE/JNE/067-“A”/2007 y TEPJE/JNE/068-“A”/2007, cuyos puntos resolutivos son del tenor siguiente:

[150]

PRIMERO.- Se decreta la acumulación de los expedientes TEPJE/JNE/067-“A”/2007 y TEPJE/JNE/068-“A”/2007 al TEPJE/JNE/043-“A”/2007 por ser éste el más antiguo y por tratarse de asuntos que combaten el mismo acto, emitido por la misma autoridad. Glósese copia certificada de la presente sentencia a los dos primeros.

SEGUNDO.- Se declara la nulidad de la votación recibida en las casillas 1270 C1, 1276 C2, 1283 B, 1296 B, 1326 B, 1327 B, 1338 C2, 1342 B, 1354 B, 1367 EXT., 1373 C1, 1380 B, 1383 C1, 1401 B y 1403 B; en consecuencia se modifica el acta de cómputo municipal, para quedar en los términos expuestos en el último considerando de este fallo.

TERCERO.- Resulta improcedente la diligencia de apertura de paquetes electorales para realizar nuevo escrutinio y cómputo de la votación recibida en casillas, de conformidad en el considerando respectivo.

CUARTO. Se confirma la declaración de validez de la elección de miembros de ayuntamiento de Tapachula, Chiapas y la entrega de las constancias respectivas a favor de los candidatos postulados por el Partido Revolucionario Institucional.

QUINTO.- Al ser modificados los resultados consignados en el acta de cómputo municipal, remítase copia certificada de la presente resolución al Instituto Estatal Electoral, para efectos de realizar una nueva asignación de regidores por el Principio de representación proporcional, en el caso de que la modificación impacte sobre tal asignación.

[151]

SEGUNDO. Juicio de revisión constitucional electoral.

Disconforme con tal resolución, el seis de diciembre de dos mil siete, la coalición “Alianza para Vivir Mejor” promovió juicio de revisión constitucional electoral, en la que hizo valer los agravios siguientes:

“CUESTIÓN PREVIA AL ESTUDIO DE LOS AGRAVIOS

No es desconocido para {10} este Instituto Político que el pasado 1 de noviembre del presente año, fue publicado en el Diario oficial de la federación, la reforma constitucional a diversos artículos que regulan la materia comicial, mismas que entraron en vigor el pasado 14 de noviembre del presente año.

Dicho Decreto modificó entre otros el artículo 99 fracción II para quedar como sigue:

Artículo 99. [SE TRANSCRIBE] {11}

No obstante a juicio de este {12} Instituto Político es factible que ese H. Tribunal Electoral conozca y estudie las diversas irregularidades que vulneran los principios constitucionales en materia electoral tanto en la Constitución Federal como en las Estatales como lo es en el caso que acontece al ordenamiento máximo en Chiapas, máxime en tratándose de elecciones que se efectuaron antes de la entrada en vigor.

En primer lugar porque se aplicarse tal reforma en el caso que nos ocupa, se trataría de una aplicación retroactiva en perjuicio de mi representada, lo que va en contra de lo dispuesto en el Artículo 14 de la Constitución Federal, principio general de derecho que por tratarse de un principio de aplicación de la ley constitucional en caso de conflicto de leyes en el tiempo, en el que deberá privilegiarse el texto constitucional vigente al momento de la celebración de los comicios.

Artículo 14. [SE TRANSCRIBE]

Aunado a lo anterior habrá que atender que el artículo 105 de Constitución Federal en su fracción inciso g) dispone que la entrada en vigor de leyes estatales o federales no pueden aplicarse sino a comicios cuyo proceso electoral inicie cuando menos noventa días después de la entrada en vigor de la reforma, a efecto de garantizar a los gobernados, la Seguridad Jurídica necesaria para la competencia electoral en un marco de Estado de derecho.

Dicho artículo dispone lo siguiente:

"Artículo 105. [SE TRANSCRIBE] {13}

Por palabra "Ley" deberá {14} entenderse no solamente ordenamientos secundarios sino que también en aras de la certeza jurídica, disposiciones constitucionales, por lo que aún y cuando exista disposición expresa en el actual ordenamiento vigente no le es aplicable aL caso concreto.

Tampoco habrá que perder de vista el artículo sexto transitorio de la reforma electoral la cual otorga a las legislaciones locales un año para adecuar sus textos normativos, por lo que a partir de la entrada en vigor de la ley, se tiene hasta el 14 de noviembre del año 2008 a efecto de que el Estado de Chiapas regule en su Constitución o ley Secundaria si debe operar o no la causal de nulidad de la elección, por lo que mientras tanto queda firme la siguiente tesis jurisprudencial de la H. Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación:

NULIDAD DE ELECCIÓN. CAUSA ABSTRACTA (Legislación de Tabasco y similares). [SE TRANSCRIBE]. {15}

En efecto, dicho artículo {16} sexto transitorio de la reforma, indica que el texto anterior así como las leyes vigentes, serán aplicadas a las elecciones cuyos procesos electorales hayan iniciado, lo cual es el caso que no ocupa ya que la fase post - electoral es parte del proceso electoral y en consecuencia no es factible aplicar un cuerpo normativo no vigente al momento de celebrarse la contienda en comento.

Razón por lo anterior que a {17} juicio de esta Actora, es factible conocer los argumentos esgrimidos por lo que toca a las irregularidades graves generalizadas durante el proceso electoral, máxime si el Tribunal Electoral Estatal estaba facultado para pronunciarse sobre las mismas ya que no contaba ni cuenta con prohibición constitucional federal ni estatal.

A G R A V I O S

Causa agravio a la coalición "Alianza Para Vivir Mejor" que represento la Resolución individualizada en el proemio del presente ocurso, ya que la Autoridad Responsable dejó de aplicar los principios fundamentales de apego a la legalidad, vulnerando así disposiciones legales expresas de la legislación electoral vigente en el Estado de Chiapas, aplicando además en forma incorrecta disposiciones diversas del ordenamiento legal en comento.

PRIMERO:

FUENTE DEL AGRAVIO.- Lo constituye la resolución que se impugna por esta vía en su resultando III. Tramite y substanciación inciso d) por el cual el Magistrado Instructor acordó tener por radicados y admitidos los juicios acumulados que hoy se resuelven correspondiéndoles los números TEPJE/JNE/043-"A"/2007 Y ACUMULADOS TEPJE/JNE/067-"A”/2007 Y TEPJE/JNE/068-"A”/2007; y con fecha veintinueve de noviembre pasado estimó que el asunto se encontraba debidamente substanciado y declaró cerrada la instrucción y procedió a la elaboración {18} del proyecto, así como los correspondientes puntos resolutivos, en donde la autoridad responsable determina que se confirma la declaración de validez de la elección de miembros de ayuntamiento de Tapachula, Chiapas y la entrega de las constancias respectivas a favor de los candidatos postulados por el Partido Revolucionario Institucional.

ARTÍCULOS CONSTITUCIONALES Y DISPOSITIVOS LEGALES VIOLADOS.- Tanto el Magistrado Instructor como el Pleno del Tribunal Electoral del Estado violó en perjuicio de mi representado los artículos 14, 16, 17, 41, 116, 130 y demás relativos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los numerales 2, 16, 19, 34 y 61 de la Constitución del Estado de Chiapas, así como los diversos 1°, 35, demás relativos del Código Electoral del Estado de Chiapas, así como los diversos artículos 1, 2, 3, 4, 5, 19, 20, 77, 78 y demás relativos de la Ley de Procedimientos Electorales del Estado de Chiapas.

CONCEPTO DE AGRAVIO.- Causa agravio a la parte que represento la violación de los preceptos constitucionales y legales a citados en donde se establece como una garantía para todos gobernados la de debido proceso legal, garantía de seguridad jurídica que estipula la obligación de toda autoridad jurisdiccional para que, e el dictado de sus sentencias, cumpla con las formalidades esenciales del procedimiento.

La autoridad responsable vulnera el debido proceso legal al no admitir y valorar correctamente las pruebas ofrecidas para acreditar las diversas causales de nulidad de casilla, así como la causal de nulidad de elección especifica y la diversa causal genérica de nulidad de elección, a que se refieren los artículos 77 y 78 de la Ley de {19} Procedimientos Electorales del Estado de Chiapas, de la cual mi representada no participó ni dio lugar a ello, ni de realizar un estudio profundo y exhaustivo de los hechos narrados toda vez que quedaron pruebas pendientes de recabar y desahogar, en franca violación a lo dispuesto por el artículo 19, 20 y relativos de la precitada Ley de Procedimientos Electorales del Estado de Chiapas.

I. En efecto, con fecha cinco de noviembre de dos mil siete, mi representada presentó un escrito ante el Tribunal Electoral del Estado, por el cual se manifestó:

1. BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, manifiesto que dentro de la causa penal número 276/2007 que se tramita en el Juzgado Segundo del Ramo Penal del Distrito Judicial de Tapachula, en contra del C. GENARO HERNÁNDEZ ALFARO, consta en autos que bajo los efectos del juicio de amparo número 875/2007 del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado, el día diecisiete de octubre del año en curso, se presentó ante el Juez del conocimiento a rendir declaración preparatoria.

2. Asimismo, que mediante escrito fechado el día veintiséis del actual, el suscrito, solicito al citado Juez Penal la expedición de copias certificadas de toda la resolución constitucional que haya dictado con motivo de la comparecencia en declaración preparatoria del mencionado GENARO HERNÁNDEZ ALFARO, sin que hasta el momento se haya expedido la misma, como se acredita con la copia autógrafa que se anexa al presente.

3. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 19 y relativos de la Ley de Procedimientos Electorales del Estado, y para acreditar los hechos que constituyen los antecedentes del acto reclamado, así como los agravios que causa el acto de autoridad impugnado {20} que obran dentro de la demanda de juicio de nulidad que dio origen al presente expediente, ofrezco como PRUEBA SUPERVENIENTE, la siguiente:

a). DOCUMENTAL PÚBLICA: consistente en:

1. La copia certificada de toda la resolución constitucional que se deriva en la causa penal número 276/2007 que se tramita en el Juzgado Segundo del Ramo penal del Distrito Judicial de Tapachula, en contra del C. GENARO HERNÁNDEZ ALFARO, ya que consta en autos que bajo los efectos del juicio de amparo número 875/2007 del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado, el día diecisiete de octubre del año en curso, se presentó ante el Juez del conocimiento a rendir declaración preparatoria; las cuales relaciono con todos y cada uno de los antecedentes, fuentes de agravio y causales de nulidad invocados.

Para acreditar la solicitud oportuna hecha, anexo al presente la copia autógrafa del escrito fechado el día veintiséis de los corrientes, por el cual se solicitó la expedición de las copias certificadas antes señaladas y descritas en los, puntos 1 y 2 que antecede a la autoridad mencionada; por lo tanto solicito al Tribunal del conocimiento que requiera a dicha autoridad para que dentro del término que al res se le conceda, remita a esa autoridad las copias certificadas solicitadas.

Sin embargo, causa agravios a mi representada, el hecho de la responsable no se haya pronunciado sobre la admisión desecamiento de la probanza aludida en el punto I) que antecede y que fue ofrecida en tiempo y forma, cubriéndose los requisitos legales, limitándose dicho Magistrado Instructor en su acuerdo dictado con fecha seis de noviembre del año en curso a decir "que se reserva el derecho de proveer el ofrecimiento de la prueba superveniente", y según se desprende de los diversos acuerdos siguientes no se pronunció sobre el particular, por tanto no fue posible que dicha probanza fuera analizada {21} debidamente, ya que de hacerlo así, se acredita de manera cierta e indubitable que la actuación de GENARO HERNÁNDEZ ALFARO, ex presidente del Consejo Electoral Municipal de Tapachula, violó los principios rectores de una elección, como son la certeza, seguridad, legalidad, independencia, veracidad, objetividad e imparcialidad, y además que los Magistrados que formularon el voto particular, estuvieran en posibilidad de hacer mención de la misma dentro de sus consideraciones y valorarla debidamente.

Lo anterior resulta así, ya que la conducta desarrollada por GENARO HERNÁNDEZ ALFARO, en su calidad de funcionario electoral, encargado de organizar, preparar y dirigir la elección en Tapachula, en su carácter de titular del Consejo Municipal Electoral, debe ser valorado al tenor de la legislación electoral y no al amparo del derecho penal, ya que de hacerlo así, se acredita de manera cierta e indubitable que la violación en comento a los precitados principios rectores de una elección, se conculca el artículo 19 de la Constitución Política del Estado de Chiapas.

II). Igualmente con fecha veinte de noviembre de dos mil siete, mi representada presentó escrito al Tribunal Electoral del Estado, en donde se manifiesta:

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, manifiesto que no tenía conocimiento de la existencia que en el Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Chiapas, en su correspondiente página Web de Internet, el día seis de octubre de dos mil siete, el C. Magistrado Presidente LIC. EUGENIO NARCIA MENDOZA, publicó un acuerdo que a letra dice:

--- VISTA la cuenta que da la Secretaría General de Acuerdos y del Pleno del Escrito de esta misma fecha recibido en la Oficialía de Partes de este Tribunal electoral, a las 21:15 veintiún horas con quince minutos, que suscribe el Ciudadano Licenciado Adrián Alberto (22) Sánchez Cervantes Secretario {22} Ejecutivo del Instituto Estatal Electoral mediante el cual con fundamento en el artículo 34 de la Ley de Procedimientos Electorales del Estado de Chiapas, rinde informe circunstanciado y remite la documentación con relación al Juicio de Inconformidad interpuesto por el ciudadano Licenciado Javier Reinoso Vázquez en su carácter de representante suplente ante el Consejo General del Instituto Estatal Electoral del Partido Revolucionario Institucional, en contra de la Sesión Extraordinaria del Consejo General del Instituto Estatal Electoral de fecha 30 treinta de septiembre del año en curso específicamente en su punto 6 en lo concerniente a la aprobación de los nombramientos para ocupar cargos vacantes en el Consejo Municipal de Tapachula y en el Consejo Distrital XVIII de Tapachula Norte, al efecto, SE ACUERDA: Con el escrito de cuenta y sus anexos intégrese el expediente respectivo y regístrese en el libro de gobierno bajo el número: TEPJE/JI/016-"B"/2007; y con fundamento en lo artículos 37 párrafo 1, inciso a), 79 y 82 del ordenamiento legal antes invocado; 145, 146, segundo párrafo de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, remítase el expediente y lo actuado por esta Presidencia al Ciudadano Magistrado MIGUEL REYES LACROIX MACOSAY, Magistrado Numerario integrante de la Sala "B" de este cuerpo colegiado, quien por razón de turno resulta ser ponente en el presente asunto; haciéndole saber que el presente juicio de inconformidad, podría estar dentro del supuesto del inciso g) del artículo 37 de la primera ley citada. Notifíquese por estrados y hágase del conocimiento público en la página de Internet que tiene este Órgano Jurisdiccional. Cúmplase, (sic).

Acuerdo que se corrobora con copia del mismo, impreso de la citada página Web del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas.

En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 19 y relativos de la Ley de Procedimientos Electorales del Estado de Chipas, y para {23} acreditar los hechos que constituyen los antecedentes del acto reclamado, así como los agravios que causa el acto de autoridad impugnado que obran dentro de la demanda de juicio de nulidad que dio origen al presente expediente, y además para comprobar de manera cierta e indubitable la relación, vinculación y acercamiento e inclinación partidista del órgano electoral municipal de Tapachula hacía el Partido Revolucionario Institucional de Tapachula y viceversa, en virtud que existe defensa hacía GENARO HERNÁNDEZ ALFARO, ex-presidente del Consejo Municipal Electoral, con el presente y para todos los efectos legales a que haya lugar, y misma que relaciono con todos y cada uno de los antecedentes, fuentes de agravio y causales de nulidad invocados, VENGO a ofrecer como PRUEBA SUPERVENIENTE, la DOCUMENTAL PÚBLICA, consistente en la copia certificada de todo lo actuado dentro del juicio de inconformidad número TEPJE/JI/016-"B"/2007 que se tramita en ese mismo Tribunal, Sala "B" a cargo del C. LIC. MIGUEL REYES LACROIX MACOSAY.

Para acreditar la solicitud oportuna hecha, anexo al presente la copia autógrafa del escrito fechado el día 16 de los corrientes, por el cual se solicitó la expedición de las copias certificadas antes señaladas; por lo tanto, solicito al Tribunal del conocimiento, que requiera a dicha autoridad para que dentro del término que al respecto se le conceda remita a esa autoridad las copias certificadas solicitadas.

Sobre este punto, también causa agravios a mi representada que el magistrado no haya agregado a los autos del sumario la copia certificada de todo lo actuado dentro del juicio de inconformidad número TEPJE/JI/016-"B"/2007 que se tramita en ese mismo Tribunal, Sala "B" a cargo del C. LIC. MIGUEL REYES LACROIX MACOSAY, para acreditar los hechos que constituyen los antecedentes del acto reclamado, así como los agravios que causa el acto de autoridad impugnado que obran dentro de la demanda de juicio de nulidad que dio origen al presente expediente, y además {24} para comprobar de manera cierta e indubitable la relación, vinculación y acercamiento e inclinación partidista del órgano electoral municipal de Tapachula hacía el Partido Revolucionario Institucional de Tapachula y viceversa, en virtud que existe defensa hacía GENARO HERNÁNDEZ ALFARO, ex-presidente del Consejo Municipal Electoral, y misma que se relacionó con todos y cada uno de los antecedentes, fuentes de agravio y causales de nulidad invocados y que se ofreció como PRUEBA SUPERVENIENTE, como DOCUMENTAL PÚBLICA.

Es importante destacar que dentro del sumario aparece el acuerdo por el cual dicho Magistrado Instructor, requiere al Magistrado LIC. MIGUEL REYES LACROIX MACOSAY, la remisión de la copia certificada, sin embargo dentro del sumario no se aprecia el oficio de solicitud firmado de recibido por dicho funcionario electoral, ni fue dictado acuerdo alguno de recepción, por tanto, al no ser analizada esta probanza por el Pleno, no fuera posible que se acreditara de nueva cuenta la continua violación a los principios rectores de una elección, como son la certeza, seguridad, legalidad, independencia, veracidad, objetividad e imparcialidad, ni los Magistrados que formularon el voto particular, estuvieran en posibilidad de hacer mención de dicha prueba en sus consideraciones.

III). Asimismo con fecha veintitrés de noviembre pasado, mi representada manifestó a la responsable lo siguiente:

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, manifiesto que no tenía conocimiento de la existencia de la averiguación previa número AP/034/FIE/2007, iniciado el día diecisiete de noviembre pasado por la Fiscalía Electoral del Estado con residencia en Tapachula, relativo a la denuncia interpuesta por la C. LIC. DULCE MARÍA QUEVEDO LÓPEZ, por DELITO ELECTORAL, previsto en los artículos 309 fracción Vil, (en la hipótesis en el que sustraiga, se apodere ilícitamente de boletas electorales), 311 fracciones I, III, VII (en la hipótesis {25} en la que se abstenga de cumplir sin causa plena justificada, con las obligaciones propias de su cargo, en perjuicio del proceso electoral y/o altere los derechos de los representantes políticos) del Código Penal vigente en Materia Electoral para el Estado de Chiapas en contra del Presidente de Casilla que fungió como funcionario electoral en la sección 1350, ubicada en la oficina de administración de la finca "Genova" de Tapachula, Chiapas y de quien o quienes más resulten responsables cometidos en agravio de la sociedad.

En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 19 y relativos de la Ley de Procedimientos Electorales del Estado de Chipas, y para acreditar los hechos que constituyen los antecedentes del acto reclamado, así como los agravios que causa el acto de autoridad impugnado que obran dentro de la demanda de juicio de nulidad que dio origen al presente expediente, y además para comprobar de manera cierta e indubitable la participación de funcionarios electorales y del municipio a favor del Partido Revolucionario Institucional de Tapachula, con el presente y para todos los efectos legales a que haya lugar, y misma que relaciono con todos y cada uno de los antecedentes, fuentes de agravio y causales de nulidad, invocados, VENGO a ofrecer como PRUEBA SUPERVENIENTE, la DOCUMENTAL PÚBLICA, consistente en la copia certificada de todo lo actuado dentro de la averiguación previa número AP/034/FIE/2007, iniciado el día diecisiete de noviembre pasado por la Fiscalía Electoral del Estado con residencia en Tapachula, relativo a la denuncia interpuesta por la C. LIC. DULCE MARÍA QUEVEDO LÓPEZ, por DELITO ELECTORAL, previsto en los artículos 309 fracción VII, (en la hipótesis en el que sustraiga, se apodere ilícitamente de boletas electorales), 311 fracciones I, III, VII (en la hipótesis en la que se abstenga de cumplir sin causa plena justificada, con las obligaciones propias de su cargo, en perjuicio del proceso electoral y/o altere los derechos de {26} los representantes políticos) del Código Penal vigente en Materia Electoral para el Estado de Chiapas en contra del Presidente de Casilla que fungió como funcionario electoral en la sección 1350, ubicada en la oficina de administración de la finca "Genova" de Tapachula, Chiapas y de quien o quienes más resulten responsables cometidos en agravio de la sociedad; documento que anexo al presente ocurso.

Sin embargo, causa agravios a mi representada, el hecho de que la responsable no se haya pronunciado sobre la admisión o desechamiento de la probanza aludida en el punto III) que antecede y que fue ofrecida en tiempo y forma, cubriéndose los requisitos legales, y según se desprende de los diversos acuerdos siguientes no se pronunció sobre el particular, por tanto no fue posible que dicha probanza fuera analizada debidamente por el Pleno del Tribunal, ya que de hacerlo así, se acredita de manera cierta e indubitable que la actuación ilegal de los funcionarios electorales, acreditándose de nueva cuenta la violación a los principios rectores de una elección aludidos, como son la certeza, seguridad, legalidad, independencia, veracidad, objetividad e imparcialidad, y además que los Magistrados que formularon el voto particular, estuvieran en posibilidad de hacer mención de la misma dentro de sus consideraciones y valorarla debidamente.

En consecuencia y por ser fundado el agravio, solicito a la Sala Superior que en plenitud de jurisdicción, admita y desahogue las probanzas supervenientes aludidas en los incisos I), II), III) que anteceden, requiriendo en todo caso a la responsable para que en un tiempo perentorio que se señale, efectúe la remisión de las copias certificadas de los documentos públicos aludidos y que en su oportunidad al tenor de todas las diversas probanzas ofrecidas en su conjunto, y en especial {27} la presuncional legal y humana e instrumental de actuaciones sean valoradas debidamente para acreditar los hechos, conceptos de violación y agravios que se hacen valer en el presente escrito de juicio de revisión constitucional.

SEGUNDO:

FUENTE DEL AGRAVIO.- Lo constituye la resolución que se impugna por esta vía en su considerando quinto inciso a), relativo a la instalación y función de la casilla sin causa justificada en lugar distinto al señalado y autorizado por el Consejo electoral correspondiente, así como los correspondientes puntos resolutivos, en donde la autoridad responsable determina que se confirma la declaración de validez de la elección de miembros de ayuntamiento de Tapachula, Chiapas y la entrega de las constancias respectivas a favor de los candidatos postulados por el Partido Revolucionario Institucional, y que en obvio de repeticiones innecesarias, pido a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, los tenga aquí por reproducidos; como sí se transcribiesen a la letra.

ARTÍCULOS CONSTITUCIONALES Y DISPOSITIVOS LEGALES VIOLADOS.- Tanto el Magistrado Instructor como el Pleno del Tribunal Electoral del Estado violó en perjuicio de mi representado los artículos 14, 16, 17, 41, 116, 130 y demás relativos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los numerales 2, 16, 19, 34 y 61 de la Constitución del Estado de Chiapas, así como los diversos 1°, 35, demás relativos del Código Electoral del Estado de Chiapas, así como los diversos artículos 1, 2, 3, 4, 5, 19, 20, 77 numeral 1 inciso a), 78 y demás relativos de la Ley de Procedimientos Electorales del Estado de Chiapas.

CONCEPTO DE AGRAVIO.- Causa agravio {28} a la parte que represento la violación de los preceptos constitucionales y legales antes citados en donde se establece como una garantía para todos los gobernados la de debido proceso legal, garantía de seguridad jurídica que estipula la obligación de toda autoridad jurisdiccional para que, en el dictado de sus sentencias, cumpla con las formalidades esenciales del procedimiento.

La autoridad responsable vulnera el debido proceso legal al no valorar correctamente las pruebas ofrecidas para acreditar las diversas causales de nulidad de casilla, así como la causal de nulidad de elección especifica y la diversa causal genérica de nulidad de elección, a que se refieren los artículos 77 y 78 de la Ley de Procedimientos Electorales del Estado de Chiapas, de la cual mi representada no participó ni dio lugar a ello, ni de realizar un estudio profundo y exhaustivo de los hechos narrados toda vez que quedaron pruebas pendientes de recabar y desahogar, en franca violación a lo dispuesto por el artículo 19, 20 y relativos de la precitada Ley de Procedimientos Electorales del Estado de Chiapas.

Causa agravios a mi representado, el hecho que la responsable en una forma vaga e imprecisa, se limita a entrar al estudio de pruebas aportadas por los recurrentes, como es el caso de las documentales públicas deducidas de las actas que se levantaron en las casillas.

En efecto en la parte primera del considerando aludido, la responsable "manifiesta que en este apartado se estudiaran las casillas 1271 C1, 1340 B, 1345 B, 1357 B, 1360 B, 1373 B, 1376 B, 1378 B, 1378 C1, 1384 C2, 1397 C2, 1402 B, 1403 C1, que se impugnaron por la causal prevista en el párrafo 1, inciso a), del artículo 77 de la Ley de Procedimientos Electorales del Estado, que a la letra dice:"(sic).

Sin embargo {29} de la lectura del considerando, se desprende que únicamente hace referencia a dos casillas, identificadas como las números 1345 B y 1347 C2, juzgando por simple analogía las once restantes, violando con ello el principio de exhaustividad a que está obligado el juzgador, y analizar todos y cada uno de los planteamientos formulados por las partes en apoyo a sus pretensiones, en términos de la jurisprudencia S3EU 12/2001, emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, publicada en la compilación oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005, a foja 126 bajo el rubro y texto siguiente:

EXHAUSTIVIDAD EN LAS RESOLUCIONES. CÓMO SE CUMPLE. [SE TRANSCRIBE]

La vaguedad e imprecisión que incurre la responsable y qué causa agravios a mí representado, se refleja al considerar en forma subjetiva que por coincidir parcialmente la ubicación, es suficiente para considerar que por error en la anotación del acta no hubo cambio alguno de la casilla sin causa justificada; sin embargo, esta apreciación subjetiva no la funda en precepto legal alguno o tesis del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, por {30} tanto carece de validez el estudio que realiza el inferior.

Señala la responsable que asimismo del análisis de las actas de instalación y cierre de casillas y de las hojas de incidentes de las casillas en estudio se desprende que los representantes de partidos acreditados ante ellas no firmaron bajo protesta; este argumento falaz, riñe con el criterio sustentado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, bajo el rubro:

ACTAS ELECTORALES. LA FIRMA SIN PROTESTA DE LOS REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS NO CONVALIDA VIOLACIÓN LEGAL ALGUNA. [SE TRANSCRIBE]

Tampoco le asiste razón a la responsable al sostener el ilegal criterio de que el accionante, "tampoco ofreció ningún otro medio de prueba con el cual se pudiera acreditar su afirmación"; situación alejada de la realidad, habida cuenta que la documental pública que obra en autos del sumario, la tenía que valorar junto con las diversas pruebas presuncional legal y humana y la instrumental de {31} actuaciones, y de inmediato llegaría a la conclusión que existe duda fundada y razonable de que las trece casillas invocadas para la nulidad fueron instaladas en lugar distinto al autorizado por el Consejo Electoral respectivo, ya que al actualizarse la duda, se actualiza también la violación a todos los principios rectores de la elección y por tanto debió declarar la nulidad de las mismas.

TERCERO:

FUENTE DEL AGRAVIO.- Lo constituye la resolución que se impugna por esta vía en su considerando quinto inciso c), relativo a que se ejerza violencia física o presión sobre miembros de la mesa directiva de casilla o los electores por alguna autoridad o particular, de tal manera que se afecte la libertad y secreto del voto, siempre que sea determinante para el resultado de la votación, así como los correspondientes puntos resolutivos, en donde la autoridad responsable determina que se confirma la declaración de validez de la elección de miembros de ayuntamiento de Tapachula, Chiapas y la entrega de las constancias respectivas a favor de los candidatos postulados por el Partido Revolucionario Institucional, y que en obvio de repeticiones innecesarias, pido a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, los tenga aquí por reproducidos como sí se transcribiesen a la letra.

ARTÍCULOS CONSTITUCIONALES Y DISPOSITIVOS LEGALES VIOLADOS.- Tanto el Magistrado Instructor como el Pleno del Tribunal Electoral del Estado violó en perjuicio de mi representado los artículos 14, 16, 17, 41, 116, 130 y demás relativos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los numerales 2, 16, 19, 34 y 61 de la Constitución del {32} Estado de Chiapas, así como los diversos 1°, 35, demás relativos del Código Electoral del Estado de Chiapas, así como los diversos artículos 1, 2, 3, 4, 5, 19, 20, 77 numeral 1 inciso g), 78 y demás relativos de la Ley de Procedimientos Electorales del Estado de Chiapas.

CONCEPTO DE AGRAVIO.- Causa agravio a la parte que represento la violación de los preceptos constitucionales y legales antes citados en donde se establece como una garantía para todos los gobernados la de debido proceso legal, garantía de segundad jurídica que estipula la obligación de toda autoridad jurisdiccional para que, en el dictado de sus sentencias, cumpla con las formalidades esenciales del procedimiento.

La autoridad responsable, vulnera el debido proceso legal al no valorar correctamente las pruebas ofrecidas para acreditar las diversas causales de nulidad de casilla, así como, la causal de nulidad de elección especifica y la diversa causal genérica de nulidad de elección, a que se refieren los artículos 77 y 78 de la Ley de Procedimientos Electorales del Estado de Chiapas, de la cual mi representada no participó ni dio lugar a ello, ni de realizar un estudio profundo y exhaustivo de los hechos narrados toda vez que quedaron pruebas pendientes de recabar y desahogar, en franca violación a lo dispuesto por el artículo 19, 20 y relativos de la precitada Ley de Procedimientos Electorales del Estado de Chiapas.

En efecto, causa agravios a mi representada, el hecho que la responsable considere infundado el agravio formulado en la demanda primigenia, ya que la responsable pretende se demuestre en una forma objetiva la cantidad de electores que fueron presionados para votar a favor del partido Revolucionario Institucional, así como el tiempo o lapso que duró dicha presión, o que debe {33} ser funcionario de alto rango o que por sus funciones haga presión sobre el electorado, situación alejada de la realidad, habida cuenta que la probanza ofrecida debe ser valorada también al amparo de las pruebas presuncional legal y humana, así como la instrumental de actuaciones, de cuyo resultado se podrá determinar que la presión al elector, obviamente sucedió durante toda la jornada electoral, y que deviene de su calidad de servidor público del Ayuntamiento Municipal de Tapachula, pero a mayor abundamiento esta probado en autos del sumario que en la casilla 1267 básica, el C. Ángel Eudiel Trujillo Gordillo, quien desempeña el cargo de auxiliar administrativo en la Secretaría de Finanzas del Ayuntamiento de Tapachula, servidor público que fungió como presidente de la casilla, cargo administrativo que por sí sólo por ser de mando medio superior, representa una presión al electorado, ya que las funciones de ésta área se refiere al manejo del dinero del erario público en el Ayuntamiento, motivo bastante y suficiente para ejercer la referida presión en el electorado.

Por consiguiente la sola calidad de servidor público de mando medio superior, implica una presión al electorado, sin que sea de tomarse en cuenta la falaz argumentación de la responsable, en el sentido de que no es de "aunado a que en el municipio de Tapachula por su gran población de más de cuatrocientos mil habitantes no es común que el grueso de la población conozca a los empleados del Ayuntamiento y menos aún las actividades laboras que estos desempeñan"; este criterio también causa agravios a mi representada, por que sin fundamento y de una manera subjetiva, riñe con la sana lógica, porque no cita de donde recaba la información sobre el número de habitantes de Tapachula y además, no razona el fundamento lógico jurídico respecto de que no es común que el grueso de la población conozca a los empleados del Ayuntamiento y menos aún las actividades laborales que estos desempeñan, por tanto el {34} argumento resulta falaz, y por tanto la Sala Superior, deberá declarar fundado el agravio y anular la casilla relativa a este punto.

CUARTO:

FUENTE DEL AGRAVIO.- Lo constituye la resolución que se impugna por esta vía en su considerando quinto inciso e), relativo a que cuando existan irregularidades graves plenamente acreditadas y no reparables durante la jornada electoral o en las actas de escrutinio y cómputo que en forma evidente pongan en duda la certeza de la votación y sea determinante para el resultado de la misma, así como los correspondientes puntos resolutivos, en donde la autoridad responsable determina que se confirma la declaración de validez de la elección de miembros de ayuntamiento de Tapachula, Chiapas y la entrega de las constancias respectivas a favor de los candidatos postulados por el Partido Revolucionario Institucional, y que en obvio de repeticiones innecesarias, pido a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, los tenga aquí por reproducidos como sí se transcribiesen a la letra.

ARTÍCULOS CONSTITUCIONALES Y DISPOSITIVO LEGALES VIOLADOS.- Tanto el Magistrado Instructor como el Pleno del Tribunal Electoral del Estado violó en perjuicio de mi representado los artículos 14, 16, 17, 41, 116, 130 y demás relativos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los numerales 2, 16, 19, 34 y 61 de la Constitución del Estado de Chiapas, así como los diversos 1°, 35, demás relativos del Código Electoral del Estado de Chiapas, así como los diversos artículos 1, 2, 3, 4, 5, 19, 20,11 numeral 1 inciso k), 78 y demás relativos de la Ley de Procedimientos Electorales del Estado de Chiapas.

CONCEPTO DE AGRAVIO.- Causa agravio {35} a la parte que represento, la violación de los preceptos constitucionales y legales antes citados en donde se establece como una garantía para todos los gobernados la de debido proceso legal, garantía de seguridad jurídica que estipula la obligación de toda autoridad jurisdiccional para que, en el dictado de sus sentencias, cumpla con las formalidades esenciales del procedimiento.

La autoridad responsable, vulnera el debido proceso legal al no valorar correctamente las pruebas ofrecidas para acreditar las diversas causales de nulidad de casilla, así como la causal de nulidad de elección especifica y la diversa causal genérica de nulidad de elección, a que se refieren los artículos 77 y 78 de la Ley de Procedimientos Electorales del Estado de Chiapas, de la cual mi representada no participó ni dio lugar a ello, ni de realizar un estudio profundo y exhaustivo de los hechos narrados toda vez que quedaron pruebas pendientes de recabar y desahogar, en franca violación a lo dispuesto por el artículo 19, 20 y relativos de la precitada Ley de Procedimientos Electorales del Estado de Chiapas.

Hago míos como agravios en perjuicio de mi representado la coalición "Alianza Para Vivir Mejor", y me adhiero al voto particular que se esgrime con el siguiente argumento:

VOTO PARTICULAR QUE FORMULAN LOS MAGISTRADOS MIGUEL REYES LACROIX MACOSAY Y JOSÉ MARÍA CHAMBÉ HERNÁNDEZ, EN LOS JUICIOS DE NULIDAD CON NÚMEROS DE EXPEDIENTE: TEPJE/JNE-M/043-"A"/2007, TEPJE/JNE-M/067-"A”/2007 y TEPJE/JNE-M/068-"A"/2007 ACUMULDOS

Con el debido {36} respeto a nuestros compañeros Magistrados, los que suscriben, no compartimos los criterios que orientan la presente sentencia.

Por una parte, porque de la interpretación sistemática y funcional de los artículos 39 y 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 10 fracción I, 19, 49 de y 116 fracción IV, la Constitución Política del Estado de Chiapas, se colige que el proceso electoral local del Estado de Chiapas, debe estar regido por los principios constitucionales de seguridad, certeza, independencia, imparcialidad, objetividad y legalidad.

Sin embargo, es evidente que en el caso en estudio, dichos principios han sido vulnerados, pues de las constancias que obran en autos, se debe colegir que los juicios con elementos de prueba son suficientes, para interpretar, respecto del actuar indebido de diversos funcionarios públicos, entre ellos Genaro Hernández Alfaro, mismos que inclusive fueron denunciados ante la Fiscalía Electoral correspondiente, y aun existiendo el libramiento de una orden de aprehensión en contra de las personas denunciadas por la parte actora, en el fallo que nos ocupa; se pretende minimizar esa situación, cuando que, existió la razón jurídica suficiente, en concepto de quienes emiten este voto, que trajo como consecuencia la presumible coacción hacía los votantes que, que originó la desventaja en los resultados finales; por tanto, ante esa relevante incidencia, procedía la apertura de la totalidad de los paquetes materia de la impugnación, pues es claro que el resultado del análisis del material probatorio exhibido, le deparaba sospecha al funcionario principal de la elección, cuando en ejercicio de su función debió vigilar y cuidar que ésta se llevara conforme a la ley; máxime que, de las propias denuncias se presumía probablemente que esa presencia ilegal en el proceso electoral buscaba el amparo de aquel candidato que resultara vencedor. Lo que violentó los {37} referidos principios Constitucionales de toda la elección municipal. Corolario de lo anterior, como se propuso en el fallo, efectivamente, para acreditar el cuerpo del delito y la probable responsabilidad penal de algún indiciado, basta para ello la existencia de indicios y, no la prueba plena, pues ello será propio de la sentencia final que se emita en el proceso penal respectivo.

En ese mismo orden de ideas, disentimos del voto mayoritario que nuestros compañeros Magistrados que no autorizaron, en el Municipio de Tapachula, Chiapas, la apertura de ciento seis paquetes, por las consideraciones siguientes:

En la resolución el Magistrado ponente señala respecto del agravio en que se solicita la apertura de paquetes que:

"La Coalición Alianza Para Vivir Mejor, esgrime, en esencia, que en la elección de miembros de ayuntamientos de Tapachula, Chiapas, se suscitaron una serie de irregularidades que inciden en el resultado y que ponen en duda la certeza de la votación, entre esas se encuentran un sinfín de votos válidos que de mala fe no fueron contabilizados a favor de la coalición actora, ni el Consejo Municipal electoral accedió a aperturar las casillas en las que el número de votos nulos excede, en muchos casos, la diferencia existente entre el primero y segundo lugar, pues esta es de dos mil seiscientos cincuenta y tres votos, y la suma total de votos nulos es de cuatro mil ciento veintitrés, por lo que la autoridad jurisdiccional en uso de sus atribuciones debe ordenar la apertura de los paquetes electorales llevando a cabo el escrutinio y cómputo para corroborar fehacientemente que los votos fueron debidamente contados y asignados a los partidos contendientes.

La recurrente agrega, que antes de la sesión de cómputo municipal, se solicitó por escrito al presidente del consejo municipal la apertura de doscientos ochenta y cuatro casillas, en las que se registran inconsistencias por existir error en el cómputo, petición que fue obviada por ese órgano electoral, que de la información proporcionada por sus representantes de casilla, se les {38} hizo saber que al realizar el escrutinio y cómputo de los votos, presentaron inconformidades por no aceptar la validación de votos a favor de la coalición actora, siendo contados como votos nulos por insistencia de los representantes del Partido Revolucionario Institucional, lo que se puede verificar al revisar las actas de escrutinio y cómputo de la elección, por lo que se reitera la petición de que se ordene la apertura de los paquetes electorales correspondientes a las casillas 1265 C1, 1267 B, 1267 C1, 1268 B, 1270 B, 1270 C3, 1271 B, 1272 B, 1272 C2, 1273 B, 1273 C3, 1274 B, 1274 C1, 1276 B, 1277 B, 1278 B, 1281 C2, 1287 C1, 1288 B, 1292 B, 1292 C1, 1294 C2, 1295 B, 1298 B, 1299 B, 1301 C1, 1304 C1, 1308 B, 1309 C1, 1310 B, 1311 C1, 1311 C2, 1312 B, 1312 C1, 1313 B, 1313 C1, 1314 C1, 1315 B, 1317 C1, 1319 B, 1321 C1, 1322 C1, 1329 B, 1329 C2, 1331 B, 1331 C1, 1332 B, 1332 C1, 1332 C2, 1333 B, 1333 C1, 1333 C2, 1334 C2, 1335 C1, 1335 C2, 1336 C2, 1338 C1, 1338 C3, 1340 C1, 1340 C6, 1340 C8, 1341 B, 1341 C1, 1343 C2, 1343 C3, 1346 C1, 1346 C2, 1346 B, 1347 C1, 1351 C1, 1352 B, 1358 B, 1358 C1, 1359 B, 1359 C1, 1360 C1, 1361 B, 1361 C1, 1362 B, 1362 C1, 1365 B, 1369 B, 1371 B, 1371 C1, 1374 B, 1374 C1, 1377 B, 1378 C2, 1381 B, 1381 C1, 1384 B, 1384 C1, 1390 C1, 1391 B, 1393 C1, 1396 B, 1399 E1, 1403 C2, 1403 C4, 1403 C5, 1403 C7, 1403 C8, 1403 C9, 1403 C12, 1403 C15, 1403 C14.

La Coalición Alianza para Vivir Mejor, sostiene que las irregularidades presentadas en la jornada electoral trascienden a aquellas actas de escrutinio y cómputo en las que no se registró dato alguno o bien se anotaron cantidades que no concuerdan con el resto de los resultados asentados en el acta, lo que provoca confusión para conocer con certeza si el contenido de las actas es real o está sujeto a causal de nulidad alguna que implique revertir el triunfo del candidato ganador, por la omisión de los funcionarios de casilla al llenar las actas.

La inconforme termina este agravio, expresando que las múltiples irregularidades que acontecieron en la jornada electoral, en las actas de escrutinio y cómputo se asentaron datos que demuestran el dolo y la mala fe de funcionarios de las mesas de casilla, que estuvieron coludidos con el candidato del Partido Revolucionario Institucional para favorecer a éste, situación que marcó una desventaja al candidato de la coalición actora, principalmente en aquellos casos donde por disposición de los representantes de casilla del partido ganador, muchos votos válidos emitidos a favor del candidato de la Coalición Alianza Para Vivir Mejor, fueron {39} declarados nulos.

Previo al estudio de los agravios vertidos, es necesario precisar que esta causal de nulidad posee los elementos normativos siguientes:

1) Que existan irregularidades graves plenamente acreditadas;

2) Que no sean reparables durante la jornada electoral o en las actas de escrutinio y cómputo;

3) Que en forma evidente pongan en duda la certeza de la votación; y

4) Que sean determinantes para el resultado de la votación.

En lo que se refiere al primer supuesto normativo, por irregularidad debe entenderse todo acto que sea contrario a la ley, es decir, toda conducta activa o pasiva que contravenga los principios rectores de la función electoral; ahora bien, para determinar la gravedad, debe tomarse en cuenta primordialmente las consecuencias jurídicas, del acto o conducta de referencia, esto es, las repercusiones que afecten el resultado de la votación y la trascendencia que trae consigo; y, por plenamente acreditada, significa que el acto o conducta irregular es de una notoriedad tal, que ya sea por sí o por algún(os) otro(s) medio(s) probatorio se acredite su existencia, y por lo mismo, no deja lugar a duda alguna, así entonces, concluimos que por irregularidad grave plenamente acreditada se refiere a un acto o conducta practicada de manera contraria a la norma establecida y que afecta a la función electoral negativamente y que e irregularidad está demostrada de manera notoria, clara y precisa que no deja lugar a duda; cabe destacar que estas irregularidades deben por sí solas ser suficientes para configurarse como causal de nulidad independiente de las previstas en los incisos de la a), a la j), del artículo 77, de la Ley de Procedimientos Electorales del Estado.

Además, resulta conveniente mencionar que de la lectura de los preceptos que integran el sistema de nulidades establecido en la ley, se desprende que las causales de nulidad no sólo se actualizan durante la jornada electoral, sino también fuera de ésta, como son los casos de los incisos f) y j), del citado artículo 77, en los que se prevé la anulación de la votación de la {40} casilla por recibir la votación en fecha distinta a la indicada pala la celebración de la elección así como, entregar, sin causa justificada, el paquete de los expedientes electorales al Consejo Electoral, fuera de los plazos que el código de la materia señala, respectivamente.

Por ende, las irregularidades a que se refiere esta causal también pueden actualizarse antes del inicio de la jornada electoral, durante o después de la misma, siempre y cuando se trate de actos relacionados con dicha etapa y que repercutan directamente en el resultado de la votación.

En cuanto al segundo supuesto que se refiere a no reparables, significa que los actos o conductas no se puedan enmendar, corregir, remediar, o subsanar en su oportunidad y que por lo mismo, trascienden al resultado de la votación; cabe precisar que para constatar si se actualiza o no el supuesto de nulidad de mérito, se consideran viables los criterios cuantitativo o aritmético, así como el cualitativo.

Por lo que se refiere al tercer supuesto que pongan en duda la certeza de la votación; por certeza se entiende que las acciones o conductas realizadas, son veraces, reales y apegadas a los hechos, sin manipulaciones o adulteraciones, esto es, que el resultado de todo lo actuado en los procesos electorales sea plenamente verificable, fidedigno y confiable, reduciendo al mínimo los errores desterrando cualquier vestigio de vaguedad o ambigüedad, así como de duda o suspicacia, a fin de que aquellas adquieran el carácter de auténticas.

Ahora bien antes de abordar los conceptos de violación planteados por la actora, es menester dejar apuntado en qué supuestos es pertinente la apertura de paquetes electorales y hacer nuevo escrutinio y cómputo de votos.

El sistema electoral de nuestro Estado, reconoce a las mesas directivas de casilla como autoridades primigenias y fundamentales de los comicios, por estar integradas por ciudadanos libres de vínculos con los órganos del Estado, que no están dedicados profesionalmente al desempeño de un cargo público con ejercicio de mando y poder, y que han sido elegidos al azar en un proceso de insaculación, o entrado en sustitución por estar formados en la fila para votar, para dar fe del ejercicio directo de la soberanía popular el día de la jornada electoral, en las importantísimas funciones de recibir directa e inmediatamente la expresión del cuerpo electoral {41} en la votación, de contar los sufragios y de calificar la validez de cada uno, y emitir una determinación definitiva, que se hace constar en el acta de escrutinio y cómputo de cada casilla.

La importancia de esta función constituye la razón de que los datos consignados en dichas actas, cuando satisfacen todas las formalidades legales esenciales, sean la base inmutable de las operaciones que se deben llevar a cabo para obtener el resultado final de la elección, mediante una o varias operaciones concentradoras, que arrojen las últimas cifras correspondientes.

Empero, la propia legislación contempla casos excepcionales, en que las autoridades electorales pueden o deben corroborar los datos que obran en el acta o tratar de encontrar el contendido de las anotaciones faltantes en ellas, mediante la apertura de los paquetes electorales en los que se encuentre la documentación empleada en la jornada electoral, que suelen culminar con el recuento y recalificación de los votos. Estos casos de excepción se deben invocar, normalmente, en la sesión de cómputo general, ante el consejo municipal electoral correspondiente, que se dan cuando los resultados del acta que consta en el paquete y de la que está en poder de la autoridad electoral no coincidan; si se detectan alteraciones evidentes; ante la inexistencia de acta en el expediente electoral de la casilla y del presidente del Consejo correspondiente, o cuando existan errores evidentes en las actas.

Sobre este último punto, es criterio de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que el concepto de errores evidentes en las actas, conforme al cual el consejo respectivo podrá acordar realizar nuevamente el escrutinio y cómputo de la votación recibida en las casillas, se refiere a los casos en los cuales no haya concordancia entre los diversos datos que deben quedar asentados en las actas respectivas, en relación con los votos emitidos, esto es, cuando haya discrepancias entre los rubros fundamentales, en los cuales se consignan votos, relativos a los conceptos siguientes:

a) Ciudadanos que votaron incluidos en la lista nominal, en las sentencias del Tribunal Electoral, los representantes de los partidos políticos o coaliciones.

b) total {42} de boletas depositadas en las urnas y

c) el resultado de la votación emitida; o bien, cuando se haya omitido alguno de esos datos.

Asimismo, cuando las inconsistencias se presenten en relación con la diferencia entre las boletas recibidas y las boletas sobrantes.

En el primer supuesto, en que las inconsistencias se encuentran respecto a votos, el Consejo Municipal está obligado a realizar el nuevo escrutinio y cómputo de la votación de casilla, de oficio, aunque no medie petición alguna. En el segundo, cuando la inconsistencia está en los datos relativos a boletas, la obligación surge sólo ante la denuncia de la diferencia y la petición de recuento, por parte del representante de algún partido político o coalición.

Por su parte, la jurisprudencia del máximo Tribunal Electoral del País ha precisado que la posibilidad de ordenar la apertura de paquetes electorales, además de aquellos casos en que se acojan los agravios relativos a que la autoridad electoral correspondiente no procedió a hacerlo ante la actualización de uno de los supuestos legales indicados, también se encuentra dentro de las atribuciones probatorias de los tribunales electorales, especialmente en el campo de las facultades para decretar diligencias para mejor proveer, pero se acota esta posibilidad para casos verdaderamente excepcionales, y extraordinarios en los que se advierta claramente su necesidad e idoneidad, verbigracia, cuando en el acta existan espacios en blanco o datos incongruentes sean insuficientes para explicar esas situaciones con criterios racionales; que tengan por objeto dilucidar si las omisiones o incoherencias son violatorias de los principios rectores de la materia electoral, y que sean determinantes para el resultado de la votación de la casilla. Todo esto con el objeto de esclarecer la realidad de los resultados, y tenerlos como base para definir si se actualiza o no la causal de nulidad invocada, en relación con la casilla de que se trate. También se precisan en ese criterio las condiciones que deben prevalecer para estar en aptitud de decretar esa diligencia.

Jurisprudencia de rubro y texto siguientes:

DILIGENCIAS PARA MEJOR PROVEER. PROCEDE REALIZARLAS CUANDO EN AUTOS NO EXISTAN ELEMENTOS SUFICIENTES PARA RESOLVER. [SE TRANSCRIBE]. {43}

PAQUETES ELECTORALES. SÓLO EN CASOS EXTRAORDINARIOS SE JUSTIFICA SU APERTURA ANTE EL ÓRGANO JURISDICCIONAL. [SE TRANSCRIBE]. {44}

Lo anterior, encuentra {45} apoyo además en que el sufragio universal libre, secreto y directo constituye la base fundamental de las elecciones libres y democráticas, razón por la cual, resulta importante, tener certeza sobre la totalidad de los votos depositados en las urnas y, por ende, uno de los instrumentos diseñados por la ley para garantizar dicha certeza es el procedimiento previsto para realizar el escrutinio y cómputo de la votación recibida en las casillas, a través del asentamiento de diversos datos que, correlacionados, permitan corroborar el sentido del voto en cada casilla.

Así, tener certeza sobre la totalidad de los votos emitidos y el sentido de ellos adquiere relevancia en las elecciones democráticas para determinar al candidato electo, porque tanto los partidos contendientes como la sociedad en su conjunto, tienen mayor interés en tener certidumbre de que el cómputo de los votos se llevó a cabo adecuadamente, y que en verdad la decisión mayoritaria es la que se advierte en un primer momento o si las posibilidades de error en el cómputo de varias casillas pudieran llevar, luego de una verificación o recuento, en los términos previstos en la ley, a un resultado diferente.

Ahora bien, de los artículos 14, 20, 28, 37, 38, 49 y 52 de la Ley de Procedimientos Electorales del Estado de Chiapas se puede advertir, que existe prevista la facultad para que el Magistrado responsable de la instrucción, pueda acordar que se practiquen diligencias o que una prueba se perfeccione o se desahogue sin más limitación que se trate de reconocidas por la legislación aplicable y que no sean contrarias a la moral y al derecho, siempre que sean conducentes para el conocimiento de la verdad sobre puntos cuestionados, correspondiéndole en todo momento carga de la prueba a quien afirme, o quien niegue, si en su negación implicara la afirmación expresa de los hechos o agravios expresados por el actor en el escrito de demanda.

De la interpretación armónica de los preceptos antes señalados, se puede arribar a la convicción de que la facultad que tiene el órgano jurisdiccional local en materia electoral para decretar la realización de diligencias para mejor proveer, no puede ser entendida en el sentido de que el juzgador tiene la obligación de realizar todas aquellas tendentes a demostrar la verdad {46} de los hechos, independientemente de que éstos hubieran sido o no alegados por el actor, pues sin perjuicio de que se trata de una facultad potestativa, una interpretación en ese sentido haría nugatorio el principio procesal de la carga probatoria antes precisado, en el que, se insiste, le corresponde a las partes en los medios de impugnación en materia electoral la obligación de expresar los hechos y los agravios, así como la carga de ofrecer y aportar las pruebas correspondientes al tenor de lo dispuesto por los artículos 14 y 20 de la ley adjetiva electoral.

Lo anterior es así, porque la función interpretativa tiene como propósito la cabal comprensión armónica de las normas jurídicas que forman parte de un mismo sistema, de manera tal que la interpretación de una de ellas no haga inaplicables a otras. En este sentido, la interpretación de lo dispuesto en la norma que establece la facultad de los órganos jurisdiccionales en materia electoral para ordenar la realización de diligencias para mejor proveer, no debe hacer inaplicables las que establecen para las partes la carga de alegar y probar.

En ese tenor, la interpretación de las disposiciones legales de referencia, hecha a la luz de los principios procesales rectores en materia de pruebas, también permite arribar a la determinación de que las exigencias para decretar la apertura de paquetes, en términos del artículo 240 del Código Electoral local, no son de carácter meramente formal, por lo que no basta con sola petición que formule alguno de los representantes de los partidos políticos o coaliciones debidamente registrados ante el órgano administrativo electoral responsable de la celebración del cómputo correspondiente, pues resulta además necesario cumplir con la carga probatoria de acreditar sus afirmaciones, así como la procedencia de su acción.

Bajo este contexto, en los artículos 239 y 240, del Código Electoral del Estado, se establecen las pautas del procedimiento de cómputo municipal para la elección de ediles.

Así se tiene que, en dichas disposiciones legales se prevé el procedimiento a cargo de los consejos municipales, consistente en lo siguiente:

a) Separarán los paquetes {47} que contengan los expedientes de la elección, que no tengan muestras de alteración exterior, de aquellos que sí tengan muestras de alteración exterior.

b) Abrirán los paquetes que contengan los expedientes de la elección, que no tengan muestras de alteración exterior, sólo para obtener de ellos, el acta de escrutinio y cómputo levantada en casilla.

c) En el orden numérico de las casillas del municipio de que se trate, se cotejará el resultado del acta de escrutinio y cómputo que se extrajo del expediente de casilla, con los resultados del acta que obre en poder del Presidente del Consejo Municipal.

d) Si de dicho cotejo se obtiene que los resultados de tales actas coinciden, se asentará ese resultado en las formas establecidas para ese fin, esto es, la votación recibida en la casilla correspondiente.

e) Si los resultados de las actas señaladas en el inciso c) no coinciden se deberá realizar nuevamente el escrutinio y cómputo de la casilla.

f) Si se detectaren alteraciones evidentes en el acta que obra en poder del Presidente del Consejo Municipal y o en la que obra en el expediente de casilla se deberá realizar nuevamente el escrutinio y cómputo de la casilla.

g) Si no existiere el acta de escrutinio y cómputo en el expediente de la casilla ni obrare en poder del Presidente del Consejo Municipal, se deberá realizar nuevamente el escrutinio y cómputo de la casilla.

h) Cuando existan errores evidentes en las actas, el Consejo Municipal podrá acordar realizar nuevamente el escrutinio y cómputo señalado en el inciso anterior.

i) A continuación se abrirán los paquetes con muestras de alteración exterior y se realizarán, según sea el caso, las operaciones señaladas en los incisos anteriores, lo cual se hará constar en el acta circunstanciada respectiva;

j) La suma de los resultados, es decir, la respectiva votación emitida en cada una de las casillas instaladas en el municipio, después de realizar las operaciones indicadas en los incisos anteriores, constituirá {48} el cómputo municipal de la elección de miembros de ayuntamientos, el cual se asentará en el acta correspondiente.

Las hipótesis consistentes en que: 1. El acta de escrutinio y cómputo contenida en el expediente de la casilla no coincida con los resultados del acta que obra en poder del Presidente del Consejo municipal; 2. En tales actas se detecten alteraciones evidentes que generen duda sobre el resultado de la votación en la casilla y 3. No existiere el acta de escrutinio y cómputo en el expediente de la casilla ni obrare en poder del Presidente del Consejo explican por sí solas, la obligación de los Consejos Municipales, de proceder a un nuevo escrutinio y cómputo de la votación recibida en la casilla de que se trate, puesto que en todos esos casos se pone en duda la certeza de dicho acto.

En las condiciones apuntadas, se puede concluir que la apertura de paquetes electorales a efecto de realizar un nuevo escrutinio y cómputo de los votos no es un medio de prueba común que proceda ordenarse en forma arbitraria por el juzgador, sino que, como se ha precisado, es menester, en primer lugar, que el justiciable lo solicite y acredite sus afirmaciones, además de que se surtan los supuestos previstos en la legislación electoral para que proceda la apertura de los paquetes electorales, los cuales necesariamente deben estar vinculados con la certeza de la votación.

Sobre las bases expuestas, se procede al estudio de las irregularidades que esgrime la coalición actora.

Los motivos de disenso expuestos resultan inoperantes por una parte e infundados por la otra, pues la inconforme se limita a hacer manifestaciones genéricas, imprecisas y contradictorias, que impiden a esta Sala analizar si efectivamente sucedieron las irregularidades citadas por la actora.

En efecto, resulta inoperante el aserto de la Coalición Alianza para Vivir Mejor, en el sentido de que un sinfín de votos válidos de mala fe no fueron contabilizados a su favor por los funcionarios de casilla, al igual que la manifestación en el sentido de que el Consejo Municipal Electoral no accedió a aperturar las casillas en las que el número de votos nulos excede, la diferencia entre el primero y el segundo lugar.

La inoperancia del agravio {49} estriba en que la impetrante, si bien precisa ciento seis casillas, en las que solicita la apertura de paquetes electorales, y sostiene que el número de votos nulos excede en muchos casos la diferencia existente entre el primero y segundo lugares de la votación, lo cierto es, que no expone los motivos o circunstancias, por los que a su juicio considera que esos votos que le favorecían, y que manifiesta que indebidamente fueron declarados nulos por los funcionarios de casilla, se debieron calificar como legítimos en su beneficio; asimismo, no precisa el número de sufragios en que se dio tal circunstancia, ni aporta probanza alguna, con las que acredite tal situación.

Ante tales omisiones, este órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado para acceder a las pretensiones de la actora, al no tener los elementos para ponderar si la irregularidad reclamada existe y si la misma resulta determinante, por lo que la impetrante incumple lo previsto en el artículo 49, párrafo 1, inciso c), de la ley adjetiva de la materia, que textualmente establece:

Artículo 49.- [SE TRANSCRIBE]

De lo anterior se observa que, el Magistrado Ponente sustenta su determinación en que: "el agravio resulta inoperante por un lado e infundados por el otro", señalando que eso es así, "porque si bien precisa ciento 106 casillas, en las que solicita la apertura de paquetes electorales", sostiene que el número de votos nulos excede, la diferencia entre el primero y el segundo lugar de la votación, lo cierto es que, no expone los motivos o circunstancias , por los que a su juicio considera, que esos votos le favorecían... ."

Los suscritos disentimos, porque contrario {50} a lo que sostiene el ponente, consideramos que atendiendo a la causa de pedir, con que la Coalición actora funda su solicitud en su escrito de demanda, adminiculado con las actas finales de escrutinio y cómputo que obran en el tomo XI del expediente en el que se actúa, documentales públicas que de conformidad con lo que establecen los artículos 19, 21 y 27 de la Ley de Procedimientos Electorales del Estado de Chiapas, hacen prueba plena, de donde se advierte de los rubros fundamental, total de ciudadanos que votaron conforme a la lista nominal, total de votos extraídos de la urna, y votación total emitida, quedan evidenciados los errores evidentes a que hace alusión la fracción III del artículo 240 del Código Electoral del Estado de Chiapas, precepto en el que también funda su petición el actor, y en consecuencia, procede la apertura de totalidad de las casillas que menciona, por las irregularidades antes señaladas, bastando con que los errores que se actualicen en los rubros fundamentales sean evidentes, como en el caso acontece.

Para tal efecto se cita el artículo invocado.

Artículo 240. [SE TRANSCRIBE]

Lo anterior, en razón de la petición principal de la Coalición actora en el sentido de que al existir errores videntes en los tres rubros fundamentales resultaba suficiente para la apertura de la totalidad de las casillas en las que la solicita.

Porque, de la interpretación {51} sistemática y funcional de los artículos 39 y 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 10 fracción I, 19 y 49 de la Constitución Política del Estado de Chiapas, 223, 224, 226 y 240 del Código Electoral del Estado de Chiapas, en relación con los principios rectores de la materia electoral, permite concluir que el concepto de errores evidentes en las actas, conforme al cual el Consejo Municipal podrá acordar realizar nuevamente el escrutinio y cómputo de la votación recibida en las casillas, en términos de la fracción III del último precepto invocados, se refiere a los casos en los cuales no haya concordancia entre los diversos datos que deben quedar asentados en las actas respectivas, en relación con los votos emitidos.

Lo anterior implica que existe error evidente cuando haya discrepancias entre los rubros fundamentales, en los cuales se consignan votos, relativos a los conceptos siguientes: a) total de ciudadanos que votaron incluidos en la lista nominal, en las sentencias del Tribunal Electoral, los representantes de los partidos políticos o coaliciones y, en su caso, en el acta de electores en tránsito en casillas especiales; b) total de votos depositadas en las urnas, y c) el resultado de la votación emitida; o bien, cuando se haya omitido alguno de esos datos. Asimismo, cuando las inconsistencias se presenten en relación con la diferencia entre las boletas recibidas y las boletas sobrantes, también podrá verificar el contenido del acta, siempre y cuando haya mediado petición de algún partido inconforme.

La propia interpretación de los preceptos citados permite concluir que en el primer supuesto, en que las inconsistencias se encuentran respecto a votos, el Consejo Municipal está obligado a realizar el nuevo escrutinio y cómputo de la votación de la casilla, de oficio, aunque no medie petición alguna. En el segundo, cuando la inconsistencia está en los datos relativos a boletas, la obligación {52} surge sólo ante la denuncia de la diferencia y la petición de realización de nuevo escrutinio y cómputo, por parte del representante de algún partido político o coalición.

Lo anterior, porque, como la base fundamental de las elecciones libres y democráticas es el sufragio universal libre, secreto y directo, resulta importante tener certeza sobre la totalidad de los votos depositados en las urnas, a efecto de contar con una base verídica sobre la cual realizar el cómputo municipal de la elección de que se trate; de otro modo no se tendrían los elementos que permitan determinar que un candidato ha obtenido mayoría de votos y, por ende, que debe ocupar el cargo público para el cual fue electo.

Uno de los instrumentos diseñados por la ley para garantizar dicha certeza es el procedimiento previsto para realizar el escrutinio y cómputo de la votación recibida en las casillas, a través del asentamiento de diversos datos que, correlacionados, permitan constatar el verdadero sentido del voto en cada casilla.

En efecto, de acuerdo con el artículo 16, párrafo segundo, 34 y 61 constitucionales, la renovación de los poderes legislativo y ejecutivo se realizará mediante elecciones libres, auténticas y periódicas, a través del sufragio universal libre, secreto y directo a que tienen derecho los ciudadanos mexicanos de acuerdo con el artículo 10, fracción I, de la misma Constitución Política del Estado de Chiapas.

En los artículos 19 y 49, de la Constitución Política del Estado Chiapas, en donde se prevé que el Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado también es competente para calificar las elecciones en los términos de sus respectivas atribuciones, una vez resueltas, en su caso, las impugnaciones que se hubieren interpuesto sobre la misma.

También, como garantía {53} de la realización de elecciones libres, auténticas y periódicas, la Constitución Política del Estado de Chiapas, establece el principio de certeza como rector de la función estatal de la organización de las elecciones.

La certeza es la clara, segura y firme convicción de la verdad; la ausencia de duda sobre un hecho o cosa, de acuerdo con el Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, de Guillermo Cabanellas, (Editorial Heliasta, Tomo II, Argentina, 2003, páginas 130 y 131).

Tener certeza sobre la totalidad de los votos emitidos y el sentido de ellos adquiere relevancia en las elecciones democráticas para determinar al candidato electo, porque tanto los partidos contendientes como la sociedad en su conjunto, tienen mayor interés sobre la certidumbre de que el cómputo de los votos se llevó a cabo adecuadamente, y que en verdad la decisión mayoritaria es la que se advierte en un primer momento o si las posibilidades de error en el cómputo de varias casillas pudieran llevar, luego de una verificación o realización de nuevo escrutinio y cómputo, en los términos previstos en la ley, a un resultado diferente.

En ese sentido, y de acuerdo con el principio en mención, el Código Electoral del Estado de Chiapas, establece un procedimiento compuesto por varias etapas sucesivas, con la previsión de diversos controles, que aseguren, lo mejor posible, la certeza en los resultados de las elecciones: se trata del escrutinio y cómputo de la votación recibida en las casillas que, de acuerdo con los artículos 226, 227, 229 y 232 de tal ordenamiento, consiste en lo siguiente:

1. El secretario de la mesa {54} directiva de casilla cuenta las boletas sobrantes y las inutiliza por medio de dos rayas diagonales con tinta; las guarda en un sobre especial, lo cierra y anota en el exterior el número. Esta primera fase del procedimiento tiene el propósito de que no se empleen después o se confundan con las depositadas en la urna.

2. El primer escrutador cuenta el número de ciudadanos que aparezca que votaron conforme con la lista nominal de electores de la sección.

3. Posteriormente, el secretario abre la urna, saca las boletas y muestra a los presentes que quedó vacía; el segundo escrutador cuenta las boletas sacados de la urna.

4. Enseguida, ambos escrutadores, bajo la supervisión del presidente, clasifican las boletas, para determinar el número de votos emitidos en favor de cada uno de los partidos políticos o candidatos, y el número de votos nulos.

5. El secretario toma nota en hojas por separado de las operaciones señaladas en el punto anterior, las verifica, y luego anota en las actas los resultados, las que se firman por los miembros de la mesa directiva de casilla y de los representantes de los partidos políticos.

Con esto queda determinado el número de:

a) Boletas sobrantes.

b) Número de ciudadanos que votaron conforme con la lista nominal.

c) Votos depositadas y sacados de la urna.

d) Votos obtenidos por cada partido, candidatos no registrados y nulos.

La comparación de todos {55} esos elementos sirve de control o candado para verificar la correspondencia del número de votos.

6. Por último, el presidente declara los resultados de la votación, y los fija en el exterior de la casilla.

7. Además, debe tenerse en cuenta que desde el inicio de la jornada electoral, una vez instalada la casilla, en el acta respectiva se asienta el número de boletas recibidas por el presidente de casilla.

Como se ve, el procedimiento está compuesto por etapas sucesivas, que se desarrollan de manera continua y ordenada, sin intervalos entre una y otra, con el objeto común de lograr el conteo exacto de los votos; en cada una de esas etapas intervienen destacadamente uno o varios de los funcionarios de la casilla, para obtener y constatar el resultado, lo que constituye una forma de control de la actividad de cada uno de los integrantes de la mesa directiva de casilla por los demás, así como de vigilancia por los representantes de los partidos o coaliciones políticos que se encuentran presentes y, al mismo tiempo, un sistema de evaluación sobre la certeza, eficacia y transparencia de los actos que realizan. Control, vigilancia y certeza que se ven acreditados q concordancia de los datos obtenidos en cada fase, una vez he operaciones aritméticas necesarias.

Por esta razón, la concordancia de los resultados anotados en diversos espacios contenidos en el acta final de escrutinio y cómputo sirven como prueba de que esa actuación electoral se llevó a cabo correctamente. Dicha concordancia se presenta si coinciden el número de ciudadanos que acudieron a votar conforme a la lista, con el número de votos sacados de la urna, y con la suma de los votos clasificados para cada uno de los partidos o coaliciones, los candidatos no registrados y los nulos.

Ahora bien, el mismo {56} principio de certeza que rige durante la jornada electoral en el procedimiento de escrutinio y cómputo de los votos emitidos en las casillas, continúa vigente durante el cómputo que cada consejo municipal electoral hace de la votación que se reporta en las actas levantadas en tales casillas.

En ese punto es importante tener en cuenta que, a pesar de todos los instrumentos de control establecidos en la ley, que han sido descritos en relación con el escrutinio y cómputo de la votación recibida en cada casilla, puede suceder que en el momento en que el Consejo Municipal efectúe el cómputo municipal mencionado, se encuentre con algunas situaciones que pongan en duda la certeza de la votación recibida en tales casillas y que, en consecuencia, deba tomar las medidas necesarias para asegurarse de que dicho elemento de certeza no se pierda.

Al respecto, el artículo 240 del Código Electoral del Estado, prevé la manera como debe proceder el Consejo Municipal para realizar el cómputo de la votación emitida en el Municipio; en dicho precepto se establecen, una vez más, la serie de pasos a seguir para ese cómputo, la cual funciona nuevamente como instrumentos de control, que permiten evitar, en la mayor medida posible, que la certeza en el resultado de la votación emitida en casilla se vea afectada.

Así, se tiene que en dicha disposición legal se prevé el procedimiento a cargo de los consejos municipales, consistente en lo siguiente:

a) Separarán los paquetes que {57} contengan los expedientes de la elección, que no tengan muestras de alteración exterior, de aquellos que sí tengan muestras de alteración exterior.

b) Abrirán los paquetes que contengan los expedientes de la elección, que no tengan muestras de alteración exterior, sólo para obtener de ellos el acta de escrutinio y cómputo levantada en casilla.

c) En el orden numérico de las casillas del Municipio electoral de que se trate, se cotejará el resultado del acta de escrutinio y cómputo que se extrajo del expediente de casilla, con los resultados del acta que obre en poder del Presidente del Consejo Municipal.

d) Si de dicho cotejo se obtiene que los resultados de tales actas coinciden, se asentará ese resultado en las formas establecidas para ese fin, esto es, la votación recibida en la casilla correspondiente.

e) Si los resultados de las actas señaladas en el inciso c) no coinciden, se deberá realizar nuevamente el escrutinio y cómputo de la casilla.

f) Si se detectaren alteraciones evidentes en el acta que obra en poder del Presidente del Consejo Municipal y o en la que obra en el expediente de casilla, se deberá realizar nuevamente el escrutinio y cómputo de la casilla.

g) Si no existiere el acta de escrutinio y cómputo en el expediente de la casilla ni obrare en poder del Presidente del Consejo Municipal, se deberá realizar nuevamente el escrutinio y cómputo de la casilla.

h) Cuando existan {58} errores evidentes en las actas, el Consejo Municipal podrá acordar realizar nuevamente el escrutinio y cómputo señalado en el inciso anterior.

i) A continuación se abrirán los paquetes con muestras de alteración exterior y se realizarán, según sea el caso, las operaciones señaladas en los incisos anteriores, lo cual se hará constar en el acta circunstanciada respectiva;

j) La suma de los resultados, es decir, la respectiva votación emitida en cada una de las casillas instaladas en el Municipio, después de realizar las operaciones indicadas en los incisos anteriores, constituirá el cómputo municipal de la elección de de miembros de ayuntamiento, el cual se asentará en el acta correspondiente.

Las hipótesis consistentes en que: 1. El acta de escrutinio y cómputo contenida en el expediente de la casilla no coincida con los resultados del acta que obra en poder del Presidente del Consejo Municipal; 2. En tales actas se detecten alteraciones evidentes que generen duda sobre el resultado de la votación en la casilla, y 3. No existiere el acta de escrutinio y cómputo en el expediente de la casilla ni obrare en poder del Presidente del Consejo explican por sí solas, la obligación de los Consejos Municipales, de proceder a un nuevo escrutinio y cómputo de la votación recibida en la casilla de que se trate, puesto que en todos esos casos se pone en duda la certeza de dicho acto.

Ahora bien, en el caso concreto, el punto a dilucidar que consisten en establecer cuándo se está ante la necesidad de realizar un nuevo escrutinio y cómputo ante el Consejo Municipal Electoral respectivo:

En establecer cuándo se está {59} ante la existencia de los errores evidentes en las actas de escrutinio y cómputo levantadas en las casillas a que se refiere el artículo 240, párrafo uno, fracción III del Código Electoral del Estado, y bajo qué condiciones el Consejo Municipal podrá acordar realizar nuevamente el escrutinio y cómputo señalado en el párrafo anterior.

Para ello debe partirse de que lo evidente es lo palpable a simple vista, verificable de manera inmediata, sin necesidad de hacer mayores operaciones intelectuales.

En ese sentido, por errores evidentes en las actas de escrutinio y cómputo debe entenderse cualquier inconsistencia que se advierta de la simple comparación entre los rubros de ciudadanos que votaron incluidos en la lista nominal, en las sentencias del Tribunal Electoral, los representantes de los partidos políticos o coaliciones y, en su caso, en el acta de electores en tránsito en casillas especiales; total de boletas depositadas en la urna y los resultados de la votación, o en los rubros de boletas entregadas en la casilla y boletas sobrantes; por ejemplo, que alguno de los rubros se encuentre en blanco, la discrepancia numérica de los que deben coincidir, etcétera.

Se constata la existencia de un error evidente que llevará a hacer un nuevo escrutinio y cómputo, para preservar la certeza de dicho acto.

Ahora bien, deben distinguirse los casos en los cuales el Consejo se encuentra obligado a realizar el nuevo escrutinio y cómputo, oficiosamente, y cuándo atendiendo a una petición de parte.

Cuando los errores atribuidos deriven en términos de votos, es decir, en las cifras relativas a los rubros de ciudadanos que votaron incluidos en la lista nominal, en las sentencias del Tribunal Electoral, los {60} representantes de los partidos políticos o coaliciones y, en su caso, en el acta de electores en tránsito en casillas especiales, boletas depositadas en la urna y los resultados de la votación, los consejos municipales tienen obligación de revisarlos y advertirlos de oficio, y en caso de no hacerlo, los partidos o coaliciones políticos podrán impugnarlo en el eventual juicio de nulidad electoral que hagan valer contra dicha actuación, aun en el caso de que no lo hubieran pedido o invocado en la sesión de cómputo ante el Consejo Municipal.

Lo anterior, tiene sustento en que el objeto primordial del cómputo municipal es hacer la suma de los votos que correspondan a cada partido político o coalición en todas las casillas instaladas en el Municipio y, precisamente, en el acta de cómputo municipal de cada elección se consigna sólo el total de los resultados de la votación recibida en las correspondientes casillas.

La falta de concordancia entre los rubros fundamentales en las actas de escrutinio y cómputo de casilla afectaría dicha tarea primordial, pues ya no se tendría certeza de cuál de los datos es el correcto, de suerte que amerita que el propio Consejo Municipal verifique esa situación con el nuevo escrutinio y cómputo de la votación.

En cambio, cuando los errores aducidos provengan de los rubros de boletas recibidas o sobrantes e inutilizadas, como no son aspectos que correspondan a votos, sino que se trata de elementos auxiliares para determinar la concordancia de los rubros relativos a la votación (esenciales de votos), en principio no afectan la votación. Sin embargo, los datos de las boletas sí deben tenerse en cuenta en los cómputos municipal, a los que deban poner atención preponderantemente los integrantes de los consejos durante el cómputo que realizan, para lo cual sí resulta indispensable {61} que cualquiera de los representantes de los partidos políticos o coaliciones ante dichos órganos haga notar la inconsistencia de los datos referentes a boletas, la repercusión en los votos y soliciten la realización de nuevo escrutinio y cómputo por esos posibles errores.

En consecuencia, cuando no hacen esa solicitud ya no se encuentran en condiciones de formularlo como pretensión en el respectivo juicio de nulidad electoral.

Al respecto, se tiene en cuenta que las representaciones de los partidos políticos ante los consejos municipales tienen una doble función: a) vigilar el correcto desarrollo del proceso electoral y b) proteger su propio interés; por lo cual, debe entenderse contraída una carga para ellos de intervenir en la sesión para solicitar la realización de nuevo escrutinio y cómputo, al momento de analizar el acta de escrutinio y cómputo de la casilla respectiva. Además, de cualquier modo, los rubros de boletas son datos consignados en las actas de escrutinio y cómputo, que pueden revelar la existencia de un error, por lo cual, ante la petición de los representantes de partido o coalición políticos, el órgano electoral estaría constreñido a hacer la verificación correspondiente.

En efecto, de las casillas aludidas por la enjuiciante se observan errores evidentes entre los rubros fundamentales, pues no coinciden plenamente los ciudadanos que votaron conforme a la lista nominal los votos sacados de la urna y la votación emitida, motivo por el cual se debió acoger la pretensión de la Coalición actora y en plenitud de jurisdicción, en términos de lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley de Procedimientos Electorales, y se debió ordena la realización del nuevo escrutinio y cómputo omitido en dichas casillas por parte del Consejo Municipal Electoral en la totalidad de las casillas impugnados.

Por lo expuesto y fundado, disiento {62} de lo expuesto en la sentencia recaída a los expedientes TEPJE/JNE-M/043-"A"/2007, TEPJE/JNE-M/067-"B"/2007 Y TEPJE/JNE-M/068-"B"/2007 ACUMULADOS.

En consecuencia, al ser fundado el agravio esgrimido, procede declarar la nulidad en las ciento seis casillas a que se refieren los argumentos anteriores que forman parte de las casillas que se solicitó la apertura al Consejo Municipal Electoral de Tapachula, Chiapas, antes de la sesión de cómputo celebrada el día diez de octubre pasado; por tanto, en razón de ser estas cuando menos el veinte por ciento de las casillas instaladas el día de la siete de octubre del año en curso, en que se celebró la jornada electoral en el Municipio de Tapachula, que serían sesenta y tres casillas, rebasa por mucho y se actualiza la causal de nulidad especifica de la elección en términos del artículo 78 numeral 1 de la Ley de Procedimientos Electorales del Estado de Chiapas.

Por otro lado, no le asiste razón a la Responsable, al sostener que:

En efecto, el aserto de la inconforme relativo a que existió corrupción de servidores públicos del Consejo Municipal Electoral de Tapachula, Chiapas y funcionarios de casilla resulta inoperante, pues sólo se limita a hacer manifestaciones genéricas, e imprecisas, pero sin especificar e individualizar los hechos, así como en que se materializaron esos actos de corrupción; por ejemplo, respecto de los capacitadores y coordinadores electorales, ya que no los identifica ni establece el número de los que fueron partícipes de ese actuar, en qué consistieron las irregularidades cometidas y el grado en el que impactaron en la elección; así también, omite señalar la cantidad de casillas, los funcionarios de éstas a quiénes /es imputa corrupción en su actuar, cómo se dio ésta, y la forma en que repercutió en beneficio del candidato postulado por el Partido Revolucionario {63} Institucional, y las pruebas que acreditaran su dicho, para que quienes esto juzgan estuviera en aptitud de efectuar el análisis conducente para valorar si el actuar de los servidores públicos aludidos, vulneró uno o más principios rectores de la función electoral.

Asimismo, también resulta inoperante el aserto relativo a que el entonces Presidente del Consejo Municipal Electoral de Tapachula, Genaro Hernández Alfaro, indujo a los demás servidores públicos electorales, como al Secretario Técnico y a los Consejeros propietarios y suplentes, para que las decisiones que tomara ese órgano desconcentrado, fueran mayoriteados a favor del candidato del Partido Revolucionario Institucional. La inoperancia estriba en que la impetrante es omisa en señalar en qué forma el entonces consejero presidente indujo al Secretario Técnico y a los demás consejeros en su totalidad o sólo a algunos de éstos para que se aprobara o decidiera en tal o cual sentido, qué o cuáles fueron los que se aprobaron por medio de la persuasión inferida a los miembros del consejo municipal referido, y la manera en cómo las decisiones inducidas del órgano desconcentrado, impactaron en el resultado de la elección.

A mayor abundamiento, si la demandante no estaba conforme, con las determinaciones y acuerdos aprobados por el Consejo Municipal Electoral en Tapachula, tenía a su alcance los medios de impugnación previstos en la Ley de Procedimientos Electorales del Estado de Chiapas, para cuestionar la legalidad o validez de los actos de ese órgano desconcentrado. Y, al no hacerlo así, es obvio que los actos del consejo responsable, adquirieron definitividad y se consideran firmes, al no haber sido controvertidos en su oportunidad al tenor de lo dispuesto en el numeral 5, párrafo 1, inciso b) del ordenamiento adjetivo electoral citado.

Tampoco especifica {64} en qué consistieron las invitaciones a ciudadanos vecinos y conocidos, para promocionar el voto a favor del candidato del partido tercero interesado, las fechas en que se hicieron, y a qué número de vecinos o ciudadanos se les sugirió secundar a ese candidato; y a cuántos funcionarios de casilla convencieron para que el día de la jornada electoral apoyaran en la promoción de la propuesta política del Partido Revolucionario Institucional. Por tanto, dicho argumento resulta inoperante.

Respecto de los actos imputados al ex presidente del Consejo Municipal Electoral, Genaro Hernández Alfaro, consistentes en dar órdenes a sus subordinados para apoyar a Ezequiel Orduña Morga, los mismos resultan insuficientes para tener por acreditadas las irregularidades esgrimidas por la actora, en virtud de que para ello, las sustenta principalmente en una causa penal, donde Erin Gerónimo Marín, representante d e la hoy actora ante el Consejo Municipal Electoral de Tapachula, fungió como denunciante de Genaro Hernández Alfaro, entonces Presidente del órgano desconcentrado citado, por la probable responsabilidad en la comisión de delito electoral y abuso de autoridad, cometidos en agravio de la Sociedad.

Denuncia presentada ante el Fiscal Auxiliar Electoral, Delegación Tapachula, el veintiséis de septiembre del presente año, cuyo capítulo de hechos se sustentó medularmente en la afirmación del denunciante, en el sentido que el veintiséis de septiembre del año que transcurre, se le acercaron Roberto José Pacheco Alegría y José Román Arreguín Ricardez, empleados recientemente contratados por el Consejo Municipal Electoral de Tapachula, Chiapas para comentarle ciertos hechos cometidos por Genaro Hernández Alfaro que consideraron irregulares; dicho testimonio fue ofrecido y presentado en vía de prueba para sustentar la {65} denuncia presentada; personas que al deponer ante el representante social, fueron contestes en señalar principalmente que Genaro Hernández Alfaro, les pidió que votaran por Ezequiel Orduña Morga, que con tal acción tendrían garantizado el trabajo en el Consejo Municipal Electoral, y como es seguro que ese candidato ganará la elección, una vez concluidas las funciones del Consejo Municipal les conseguirá trabajo en el Ayuntamiento; que la mejor opción que tenían era unirse a la campaña y votar por el candidato del Partido Revolucionario Institucional; que también les dijo que personalmente lo estaba apoyando, y que lo hacía de esa manera, sumando personas para que votaran por él, aprovechando que era Presidente del Consejo Municipal electoral, porque cuando Ezequiel Orduña Morga fuera Presidente, le iban a dar un puesto Clave en la administración Municipal; que les dio instrucciones para que en un vehículo oficial lo llevaran a las oficinas del Partido Revolucionario Institucional, porque tenía que ayudar a ese candidato a llevar un atril propiedad de ese partido, para un debate que tendría en la Cámara de Comercio, y que fuera diferente y mejor que el de los demás candidatos, que también tenían que recoger otros atriles que iba a proporcionar el candidato del instituto político citado; que al llegar a las oficinas del Partido Revolucionario Institucional, el candidato Ezequiel Orduña Morga, salió a recibir a Genaro Hernández Alfaro, que los dos deponentes vieron y escucharon que el candidato le decía al Presidente del Consejo Municipal Electoral contesto: "Ya trajiste el vehículo y la gente para que me ayuden a llevar mi atril para lo del debate de esta noche y los otros que conseguí para los otros candidatos"; que Genaro Hernández Alfaro, contestó: "sí traje este vehículo y a estas dos personas para que te ayuden están a tu disposición, así que tú diles que hacer;" éste se dirigió a ellos y les dijo: "Vayan a donde les indiquen para recoger un atril para lo del debate de esta noche y los otros que conseguí para los otros candidatos;" que recogieron tres atriles uno en las {66} oficinas del Partido Revolucionario Institucional, otro en un "CETIS" y uno más en la Universidad Valle del Grijalva; que en la Cámara Nacional de Comercio entregaron los atriles, que fueron a conseguir unos forros para cubrir el logo del PRI; que al día siguiente Genaro Hernández Alfaro, se dirigió a ellos y les dijo: "Así como ayer les ordené que apoyaran al candidato Ezequiel Orduña Morga, con su atril para lo del debate, van a seguir apoyándolo en lo que yo les indique ¿entendieron?"; que les volvió a ordenar que fueran a entregar los atriles; que ese día veintiséis de septiembre del dos mil siete los testigos preguntaron a Genaro Hernández Alfaro, que si no iban a tener problemas con su trabajo, por estar apoyando al candidato del PRI a lo que él les dijo: "que no ven que yo soy el Presidente yo les estoy dando la orden y nadie puede discutirlo, no se preocupen, de eso me encargo yo"; refieren los deponentes que lo declarado les consta porque lo presenciaron, que si decidieron votar por el candidato de ese partido era por la promesa de mantenerlos en el trabajo y que cuando Ezequiel Orduña Morga, fuera presidente tenían asegurado otro trabajo; que lo que hicieron en ayudar a ese candidato en llevar el atril al evento del debate y luego regresarlo así como llevar al Presidente del Consejo para que estuviera con este candidato, fue por instrucciones de Genaro Hernández Alfaro.

El fiscal encargado de la indagatoria de mérito, el veintinueve septiembre del año en curso, determinó el ejercicio de la acción penal en contra de Genaro Hernández Alfaro, como probable responsable del delito en materia electoral previsto en el artículo 313, fracción III en el Estado y el de abuso de autoridad previsto en el numeral 420, fracción XII, cometidos en agravio de la sociedad.

El Juez Segundo del {67} Ramo Penal del Distrito Judicial de Tapachula, mediante resolución de primero de octubre siguiente, decretó la orden de aprehensión en contra de Genaro Hernández Alfaro.

En la audiencia del diecisiete de octubre del año en curso Genaro Hernández Alfaro, se presentó bajo los efectos de la suspensión provisional decretada en el incidente respectivo, recaído en el juicio de amparo indirecto 875/2007 del índice del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado, y se reservó el derecho de rendir su declaración preparatoria, por escrito, lo que hizo mediante ocurso de veintidós de octubre del año que transcurre y donde niega los hechos y conductas delictivas imputadas.

El veintitrés de octubre siguiente, el juez de la causa dictó auto de formal prisión a Genaro Hernández Alfaro, por los delitos por los que fue consignado.

El quince de noviembre del año en curso, el juez del conocimiento, informa a esta Sala que el auto de formal prisión no fue recurrido mediante el recurso de apelación y que la causa penal instruida en Contra de Genaro Hernández Alfaro, se encuentra en instrucción.

El Consejero Presidente Genaro Hernández Alfaro, actuó como tal hasta la sesión del treinta de septiembre del año que transcurre.

De la reseña anterior, se advierte que la prueba descrita resulta insuficiente para tener por probadas las afirmaciones de la recurrente, respecto de las irregularidades imputadas a Gerardo Hernández Alfaro en su carácter de Presidente del Consejo Municipal Electoral de Tapachula, Chiapas, consistentes en dar órdenes a sus subordinados en apoyar a Ezequiel Orduña Morga, candidato a Presidente Municipal, y efectuar con muchos {68} ciudadanos la inducción al voto, por las razones siguientes:

En efecto, de la causa penal citada, si bien es verdad que se le determinó la probable responsabilidad penal a Genaro Hernández A/faro, por el delito electoral y abuso de autoridad, no menos resulta que el mismo para efectos de la causal de nulidad de elección pretendida por la acciónate, sólo tiene valor indiciarlo pues en la misma no obran elementos de convicción plenos que acrediten que Genaro Hernández Alfaro, haya cometido las conductas que se le imputan, consistentes en inducción al voto de muchos ciudadanos como lo afirma el actor, dando dinero y prometiendo dar trabajo en la administración pública municipal para cuando el entonces candidato del Partido Revolucionario Institucional entrara a ocupar el cargo. Máxime que es de explorado derecho que para acreditar el cuerpo del delito y la probable responsabilidad penal, no se requieren de pruebas plenas y convincentes, pues eso será materia de la fase de instrucción en ese proceso.

Lo anterior se sustenta en que los elementos de prueba principales aportados en ese expediente punitivo, lo fueron el testimonio dos empleados de reciente contratación quienes fueron contestes al declarar en el sentido de que Genaro Hernández Alfaro, los conminó a que votaran a favor del candidato postulado por el Partido Revolucionario Institucional, que les prometió trabajo en el ayuntamiento una vez que este candidato tomara posesión, y que les ordenó que lo apoyaran para ir a recoger tres atriles para el debate que sostendría ese candidato con los demás contendientes políticos y que con posterioridad les volvió a ordenar que devolvieran esos atriles en el lugar donde los recogieron.

En el mejor de los casos, lo {69} que pudiera tenerse por acreditado, sería la inducción pero sólo a esos dos empleados del Consejo Municipal Electoral, mas no que esa coacción se haya llevado a cabo en forma generalizada, pues se insiste en esa causa penal, no hay prueba alguna que así lo indique.

A mayor abundamiento, la accionante no aporta elemento de convicción adicional que demuestre sus afirmaciones, como se lo impone el numeral 20 de la Ley de Procedimientos Electorales del Estado de Chiapas, aunado a que de la lectura de las actas de sesión que obran en el sumario, ni la adora o algún otro partido o coalición contendiente en esa elección municipal, hicieron valer circunstancia alguna atribuible al Consejero Presidente, o subordinados relativas a la coacción o inducción al voto.

En esa tesitura el motivo de inconformidad analizado deviene en inoperante.

Respecto del motivo de inconformidad en que la Consejera Electoral Gabriela López Chávez, se encontraba impedida para ejercer el cargo, por trabajar en la notaría pública número 12 a cargo del Licenciado Jorge Cruz Toledo Trujillo como titular y la Licenciada Alejandra Zebadúa, como notaría adjunta, y que los mismos resultan ser suegro y esposa del candidato del Partido Revolucionario Institucional Ezequiel Orduña Morga, por lo que hay una dependencia económica con la familia y que el Secretario Técnico del Consejo Municipal Electoral de Tapachula, Chiapas, Licenciado Alfonso Mancilla Juan, es Cónyuge de la Consejera Electoral Gabriela López Chávez, por lo que queda acreditado el contubernio para beneficiar al candidato del Partido Revolucionario Institucional trasciende hasta ese funcionario electoral pues junto con el Presidente del Consejo Municipal Electoral, tiene liderazgo hacia el resto de servidores públicos {70} electorales y la responsabilidad de llevar a cabo la organización del proceso electoral, por lo que faltó a los principios rectores de la función electoral, tal motivo de disenso resulta inoperante por un lado e infundado por el otro atento a lo siguiente:

Resulta insuficiente que por el sólo hecho de que la ciudadana Consejera Gabriela López Chávez, sea empleada de Jorge Cruz Toledo Trujillo, como se desprende de la constancia de afiliación y vigencia de derechos, expedida por el Instituto Mexicano del Seguro Social, y que a su vez éste sea suegro del candidato del Partido Revolucionario Institucional, Ezequiel Orduña Morga; el actuar de esta integrante del Consejo Municipal Electoral de Tapachula, se haya dado en condiciones de parcialidad hacia el candidato referido y en detrimento de los demás contendientes de la elección a miembros de ese Ayuntamiento.

Lo anterior es así, pues en la legislación del Estado de Chiapas, específicamente en los artículos 127 párrafo in fine y 108 del Código Electoral, no se establece prohibición o limitación alguna al respecto, para ocupar el cargo de consejero electoral; aunado a que resultaba indispensable que la actora señalará algún caso en concreto donde la funcionaría aludida se hubiera conducido con parcialidad, lo que no aconteció así.

A mayor abundamiento el Presidente del Consejo Municipal Electoral Miguel López Castro, dio contestación a la queja ciudadana presentada por Enrique Escobar Hernández, en contra de Gabriela López Chávez, respecto al impedimento que a su juicio tenía esta ciudadana para ocupar el cargo conferido, y donde le contestan que no es procedente dicha queja porque no hay impedimento legal para que la nombrada López Chávez, pueda {71} fungir como consejera electoral, acto que al no haber sido impugnado quedó firme para todos los efectos legales, por el consentimiento tácito que opera al no ser recurrido.

Por otro lado, el sólo hecho de que hubiera parentesco por afinidad (cónyuges) entre Alfonso Mancilla Juan y Gabriela López Chávez, Secretario Técnico y Consejera del Consejo Municipal Electoral de Tapachula, no es motivo suficiente para tener por acreditada la parcialidad que esgrime el recurrente, pues para ello se debe probar que la autoridad administrativa electoral actúe con parcialidad además de acreditar la existencia de tales vínculos, también es indispensable que las personas que tachan de imparciales, realicen actos u omisiones concretos que vulneren dichos principios rectores de la función electoral, tales como aceptar invitaciones, remuneraciones, consignas, presiones, encargos o comisiones; que se traduzcan en actos que provoquen su intromisión en cuestiones que no están dentro de la esfera de sus atribuciones, que signifiquen en favorecer a algún candidato o partido político o que constituyan una clara manifestación de enemistad hacia estos, representen un prejuicio sobre cierto asunto sometido a su consideración, decisión o trámite, o bien, revelen un interés personal en el asunto, entre otros tipos de comportamientos que pueden afectar tales principios; situación que no se da en la especie.

El anterior argumento, causa agravios a mi representada, ya que la responsable, en un primer término es omisa en valorar la actuación de los funcionarios electorales GENARO HERNÁNDEZ ALFARO, GABRIELA LÓPEZ CHÁVEZ y ALFONSO MANCILLA JUAN, al tenor de los principios rectores de una elección a que se refiere el artículo 19 de la Constitución Política del Estado de Chiapas, como son la seguridad, certeza, independencia, imparcialidad, objetividad y legalidad, ya que lo hace valorando su actuación al amparo del Derecho Penal, cuando lo {72} procedente es que la valore al tenor de los principios generales del Derecho Electoral, al haberlo hecho así, necesariamente hubiera llegado a la conclusión de que al violarse principios y valores fundamentales de una elección, debió declarar nula la elección, ya que la propia actuación de los mismos, da al traste con dichos principios, sin que resulte válido el hecho que no hay una sentencia definitiva que lo declare penalmente responsable, aceptar como válido este argumento, sería una aberración jurídica, porque nunca se podría tomar en cuenta este tipo de ilícitos en materia electoral, toda vez que los juicios de nulidad electoral e incluso el de Revisión Constitucional, por su propia naturaleza son del orden sumario o sumarísimos, contrario a un procedimiento penal o civil en su caso, ya que son del orden ordinario.

Causa agravios a mi representada el argumento sostenido, ya que resulta difícil demostrar objetivamente, como lo pretende la autoridad responsable, la forma o método en que el presidente consejero indujo al Secretario Técnico y a los demás consejeros en su totalidad o cuales fueron los que se aprobaron por medio de la persuasión inferida a los miembros del consejo municipal referido y la manera en como las decisiones inducidas del órgano desconcentrado impactaron en el resultado de la elección; cuando está probado documentalmente en autos del sumario que dicho presidente del consejo municipal violó los principios rectores de una elección ya citados anteriormente, y si la responsable hubiera valorado la documental pública consistente en la causa penal número 276/2007 y concatenada con la presuncional legal y humana e instrumental de actuaciones, habría llegado a la conclusión que la objetividad que pretendía, quedaba acreditada plenamente.

Nos causa agravios, el falaz argumento que aduce la responsable, que si la demandante no estaba conforme, con las determinaciones y acuerdos aprobados por el consejo municipal de Tapachula, tenía a su alcance los {73} medios de impugnación previstos en la Ley de Procedimientos Electorales del Estado de Chiapas, para cuestionar la legalidad o validez de los actos de ese órgano desconcentrado; esto resulta así, porque la parte actora, de principio ignoraba la colusión de los funcionarios electorales con el candidato del Partido Revolucionario Institucional, y al tener conocimiento del mismo, se presentó la denuncia ante la autoridad competente, lo que dio origen a la causa penal citada en antecedentes; es obvio, que quienes cometen acciones ¡lícitas, buscan el anonimato e impunidad para que las mismas no trasciendan al aspecto legal, como en el caso concreto, que fueron descubiertos.

Causa agravios al recurrente, que falaz argumento de la autoridad responsable, respecto de que los actos imputados al ex presidente del consejo electoral municipal GENARO HERNÁNDEZ ALFARO, consistentes en dar ordenes a sus subordinados para apoyar a EZEQUIEL ORDUÑA MORGA, los mismos resultan insuficientes para tener acreditadas las irregularidades esgrimidas por la actora, en virtud que para ello, las sustenta principalmente en una acusación penal, donde Erin Jerónimo Marín, representante de la hoy actora ante el consejo municipal electoral de Tapachula, fungió como denunciante de Genaro Hernández Alfaro, entonces presidente del órgano desconcentrado citado, por la probable responsabilidad de la comisión de delito electoral y abuso de autoridad, cometido en agravio de la sociedad; esto es así, porque inverosímil que la responsable, argumento que por el hecho de ser también denunciante no debe tomarse en cuenta la probanza, era mi obligación legal que al tener conocimiento de hechos delictivos hacer la denuncia correspondiente ante la autoridad competente, y no por esa circunstancia, carece de valor probatorio, no al amparo del derecho penal, sino a los principios y valores fundamentales de una elección, ya que sigue incurriendo la responsable en el grave error de no valorar los hechos y pruebas al amparo de {74} la legislación electoral por haberse violados principios fundamentales rectores de una elección, ya mencionados anteriormente.

Causa agravios a mi representación, el argumento de la responsable, al aducir que la denuncia presentada ante el fiscal auxiliar electoral, Delegación Tapachula, el veintiséis de septiembre del presenta año y transcribir el capítulo de hechos, así como mencionar que el día veintinueve de septiembre del año en curso, determinó el ejercicio de la acción penal en contra de Genaro Hernández Alfaro y que el Juez Segundo Penal mediante resolución de primero de octubre decretó la orden de aprehensión en contra de Genaro Hernández Alfaro, quien se presentó bajo los efectos de la suspensión provisional decretada en el incidente respectivo, recaído en el juicio de amparo indirecto 875/2005, y que el veintitrés de octubre siguiente, el Juez de la causa dictó auto de formal prisión al citado Genaro Hernández por los delitos por los que fue consignado y demás consideraciones que hace, y aduce que de la reseña anterior, se advierte que la prueba descrita resulta insuficiente para tener por probadas las afirmaciones de la recurrente, respecto de las irregularidades imputadas a Genaro Hernández Alfaro en su carácter de presidente del consejo municipal de Tapachula, Chiapas ; esto es así, en razón de que la responsable, sigue valorando los hechos al tenor del Derecho Penal y no en términos de la Legislación Electoral, pero resulta grave y contradictorio el argumento de la responsable, que dice: "en el mejor de los casos, lo que pudiera tenerse por acreditado, sería la inducción pero solo a esos dos empleados del consejo municipal electoral, más no que esa coacción se haya llevado a cabo en forma generalizada, pues se insiste en esa causa penal, no hay prueba alguna que así lo indique"; la gravedad del argumento radica, en que la propia autoridad responsable plenamente acepta y reconoce la coacción ejercida por Genaro Hernández Alfaro, pero solo hacia dos funcionarios {75} electorales ROBERTO JOSÉ PACHECO ALEGRÍA y JOSÉ ROMÁN ARREGUIN RICARDEZ; pues bien, a confesión de parte relevo de pruebas, ya que se deduce que el Pleno del Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Chiapas en su calidad de autoridad responsable, acepta que en la elección de miembros del ayuntamiento del municipio de Tapachula, Chiapas, por parte de funcionarios electores dependientes del Consejo Municipal Electoral violaron los principios rectores de una elección como son la certeza, seguridad, legalidad, independencia, veracidad, objetividad e imparcialidad a que se refiere el artículo 19 de la Constitución Política del Estado de Chiapas; ¿o que pretendía la responsable?, que objetivamente se probara, que en forma pública y notoria, todos los funcionarios electorales del Consejo anduvieran vociferando que estaban inclinados a favor del candidato del Partido Revolucionario Institucional, sería un hecho difícil de comprobar.

Causa agravios a mi representada, el argumento de la responsable, respecto del motivo de inconformidad en que la consejera electoral GABRIELA LÓPEZ CHAVEZ, se encontraba impedida para ejercer el cargo, por trabajar en la notaría pública número 12 a cargo del Licenciado JORGE CRUZ TOLEDO TRUJILLO como titular y la Licenciada ALEJANDRA TOLEDO ZEBADUA, como Notaría Adjunta, y que los mismos resultan ser suegro y esposa del candidato del Partido Revolucionario Institucional EZEQUIEL ORDUÑA MORGA, por lo que hay una dependencia económica con la familia y que el secretario técnico del consejo municipal electoral de Tapachula, Chiapas, Licenciado ALFONSO MANCILLA JUAN, es cónyuge de la consejera electoral GABRIELA LÓPEZ CHAVEZ y demás conceptos que vierte y aduce que resulta insuficiente que por el solo hecho de que la ciudadana consejera GABRIELA LÓPEZ CHAVEZ, sea empleada de JORGE CRUZ TOLEDO TRUJILLO, como se desprende de la constancia de {76} afiliación y vigencia de derechos, expedida por el Instituto Mexicano del Seguro Social, que a su vez este sea suegro del candidato del Partido Revolucionario Institucional EZEQUIEL ORDUÑA MORGA; el actuar de esta integrante del consejo municipal electoral de Tapachula, se haya dado en condiciones de parcialidad hacía el candidato referido y en detrimento de los demás contendientes de la elección a miembros del Ayuntamiento; esto resulta así, en razón que, la dependencia laboral y económica de la consejera GABRIELA LÓPEZ CHAVEZ, con JORGE CRUZ TOLEDO TRUJILLO y ALEJANDRA CRUZ TOLEDO TRUJILLO, suegro y esposa del candidato del Partido Revolucionario Institucional EZEQUIEL ORDUÑA MORGA, necesariamente implica un compromiso de lealtad hacía sus patrones, porque son ellos, quienes le procuran el sustento quincenal, esto obligadamente redunda en una violación a los principios rectores de una elección, como son la certeza, seguridad, legalidad, independencia, veracidad, objetividad e imparcialidad a que se refiere el artículo 19 de la Constitución Política del Estado de Chiapas, no siendo aplicable ninguna ley secundaria como lo sería el Código Electoral del Estado.

Causa agravios a mi representada, el argumento que sostiene la responsable, al aducir que el Presidente del Consejo Municipal Electoral Miguel López Castro, dio contestación a la queja ciudadana presentada, por enrique Escobar Hernández, en contra de GABRIELA LOPEZ CHAVEZ, respecto al impedimento que a su juicio tenía esta ciudadana para ocupar el cargo conferido y demás conceptos; esto es así, en razón de que el suscrito ni afirmo ni niego que haya sido contestado el escrito de queja, ya que NUNCA, tanto la queja como la supuesta contestación, fue hecha del conocimiento del Consejo Municipal Electoral de Tapachula, por tanto, si lo hizo el citado Miguel López Castro, fue un acto de propia autoridad que no fue sometido a consideración del propio consejo electoral, por lo tanto, el concepto de la responsable {77} que dice que al no ser impugnado quedó firme para todos los efectos legales, por el consentimiento tácito que opera al no ser recurrido, situación que me causa agravios, ya que como lo manifesté anteriormente, nunca se ventilaron estas cuestiones en sesión del consejo, y sí el referido Consejo Municipal Electoral del Municipio de Tapachula, no aportó prueba alguna que lo demuestre, la hoy responsable, no debe afirmar cuestiones subjetivas que no están acreditadas dentro del sumario.

Causa agravios a mi representado, que respecto del argumento que se refiere al parentesco por afinidad (cónyuges) entre ALFONSO MANCILLA JUAN y GABRIELA LÓPEZ CHAVEZ, secretario técnico y consejera del consejo municipal electoral de Tapachula, no es motivo suficiente para tener acreditada la parcialidad que esgrime el recurrente, y demás conceptos que vierte; esto es así, de que en razón de la dependencia laboral y económica de su esposa y consejera GABRIELA LÓPEZ CHAVEZ, con JORGE CRUZ TOLEDO TRUJILLO y ALEJANDRA CRUZ TOLEDO TRUJILLO, suegro y esposa del candidato del Partido Revolucionario Institucional EZEQUIEL ORDUÑA MORGA, necesariamente también implica un compromiso de lealtad hacía su cónyuge y por tanto hacía los patrones de esta, porque son ellos, quienes le procuran el sustento quincenal, esto obligadamente redunda en una violación a los principios rectores de una elección, como son la certeza, seguridad, legalidad, independencia, veracidad, objetividad e imparcialidad a que se refiere el artículo 19 de la Constitución Política del Estado de Chiapas.

Me causa agravios, el argumento falaz de la responsable, respecto de que el actor no precisa las circunstancias obvias en que el ex presidente, secretario y consejera GABRIELA LÓPEZ CHAVEZ, actuaron en {78} contubernio para beneficiar al candidato del Partido Revolucionario Institucional y demás concepto que vierte; esto es así, en razón de que la actuación de los referidos funcionarios electorales deviene en un incumplimiento de los principios rectores de una elección como son en razón que, la dependencia laboral y económica de la consejera GABRIELA LÓPEZ CHÁVEZ, con JORGE CRUZ TOLEDO TRUJILLO y ALEJANDRA CRUZ TOLEDO TRUJILLO, suegro y esposa del candidato del Partido Revolucionario institucional EZEQUIEL ORDUÑA MORGA, necesariamente implica un compromiso de lealtad hacía sus patrones, porque son ellos, quienes le procuran el sustento quincenal, esto obligadamente redunda en una violación a los principios rectores de una elección, como son la certeza, seguridad, legalidad, independencia, veracidad, objetividad e imparcialidad a que se refiere el artículo 19 de la Constitución Política del Estado de Chiapas, conceptos que nunca esgrime la responsable, ya que la actuación de todos ellos, las valora en forma subjetiva y sin fundamento, pero nunca las desglosa y relaciona con los citados principios fundamentales rectores de una elección; seguramente, porque al hacerlo, valorando las probanzas y sobre todo la presuncional legal y humana e instrumental de actuaciones, llegaría a la conclusión, que al violarse dichos principios procede la nulidad de la elección.

Causa agravios a mi representada que la autoridad responsable, no recabó la fotocopia certificada del diverso Juicio de Inconformidad interpuesto por el ciudadano Licenciado Javier Reinoso Vázquez en carácter de representante suplente ante el Consejo General del Instituto Estatal Electoral del Partido Revolucionario Institucional, en contra de la Sesión Extraordinaria del Consejo General del Instituto Estatal Electoral de fecha 30 treinta de septiembre del año en curso específicamente en su punto 6 en lo concerniente a la aprobación de los nombramientos para ocupar cargos vacantes en el Consejo Municipal de Tapachula y en el Consejo {79} Distrital XVIII de Tapachula Norte e identificado bajo el número: TEPJE/JI/016-"B"/2007 a cargo del Ciudadano Magistrado MIGUEL REYES LACROIX MACOSAY Magistrado Numerario integrante de la Sala "B" del propio Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Chiapas, y que para acreditar los hechos que constituyen los antecedentes del acto reclamado, así como los agravios que causó el acto de autoridad impugnado que obran dentro de la inicial demanda de juicio de nulidad que dio origen al presente juicio, y además para comprobar de manera cierta e indubitable la relación, vinculación y acercamiento e inclinación partidista del órgano electoral municipal de Tapachula hacía el Partido Revolucionario Institucional de Tapachula y viceversa, en virtud que existe defensa hacía GENARO HERNÁNDEZ ALFARO, ex-presidente del Consejo Municipal Electoral, misma que se relacionó con todos y cada uno de los antecedentes, fuentes de agravio y causales de nulidad invocados en la demanda inicial de juicio de nulidad, y que se ofreció oportunamente como PRUEBA SUPERVENIENTE con el carácter de DOCUMENTAL PÚBLICA, consistente en la copia certificada de todo lo actuado dentro del juicio de inconformidad número TEPJE/JI/016-"B"/2007 que se tramita en ese mismo Tribunal, Sala "B" a cargo del C. LIC. MIGUEL REYES LACROIX MACOSAY.

Destaco que también causa agravios a mi representado, que no obstante que la responsable, admitió la probanza y presuntamente giró oficio al mencionado Magistrado LIC. MIGUEL REYES LACROIX MACOSAY, integrante de la Sala "B", el Magistrado Ponente LIC. HUGO GÓMEZ ESTRADA, en forma irregular es omiso de recabar dicha documental, y entrar a su estudio, probanza que en caso de que hubiera sido analizada y ser valorada junto con las probanzas presuncional legal y humana e instrumental de actuaciones, se llegaría a la conclusión de la relación de contubernio entre el ex presidente del Consejo Municipal Electoral {80} de Tapachula Genaro Hernández Alfaro y el Partido Revolucionario Institucional y de manera cierta e indubitable se acreditaría el vínculo entre ellos.

En consecuencia, solicito a la Sala Superior, que en plenitud de jurisdicción recabe de la Sala "B" del Tribunal Electoral del Poder Judicial del Poder Judicial del Estado de Chiapas, la probanza aludida, consistente en copia certificada del juicio de inconformidad número TEPJE/JI/016-"B"/2007, y la valore debidamente, para llegar a la conclusión que resulta probada la relación entre el citado funcionario electoral y el partido político aludido.

Así mismo, causa agravio a mi representada que la responsable, no mencionó ni valoró la diversa prueba superveniente ofrecida como documental pública, consistente en la copia certificada de todo lo actuado dentro de la averiguación previa número AP/034/FIE/2007, iniciado el día diecisiete de noviembre pasado por la Fiscalía Electoral del Estado con residencia en Tapachula, relativo a la denuncia interpuesta por la C. LIC. DULCE MARÍA QUEVEDO LÓPEZ, por DELITO ELECTORAL, previsto en los artículos 309 fracción VII, (en la hipótesis en el que sustraiga, se apodere ¡lícitamente de boletas electorales), 311 fracciones I, III, Vil (en la hipótesis en la que, se abstenga de cumplir sin causa plena justificada, con las obligaciones propias de su cargo, en perjuicio del proceso electoral y/o altere los derechos de los representantes políticos) del Código Penal vigente en Materia Electoral para el Estado de Chiapas en contra del Presidente de Casilla que fungió como funcionario electoral en la sección 1350, ubicada en la oficina de administración de la finca "Genova" de Tapachula, Chiapas y de quien o quienes más resulten responsables cometidos en agravio de la sociedad; documento que se exhibió dentro del juicio de nulidad que tramitó la responsable; al valorar dicha probanza junto {81} con las diversas presuncional y humana e instrumental de actuaciones, hubiera llegado a la conclusión que la colusión de los funcionarios electorales, con el Partido Revolucionario Institucional está probado, y que por tanto se violaron los principios rectores de la elección, ya mencionados en diversas ocasiones.

A mayor abundamiento y que solicito también se tome como agravios de mi representado en contra de las consideraciones de la responsable, es de destacar que la responsable viola en mi perjuicio el principio de exhaustividad a que están obligados los juzgadores, ya de que sí lo hubiera hecho, se habría percatado que dentro del acta de sesión de cómputo municipal de la elección de miembros del ayuntamiento de Tapachula, CME/90/E/19/07, iniciada a las ocho horas del día diez de octubre de dos mil siete, aparece el desahogo de los siguientes puntos del orden del día:

--- Punto uno: Lista de asistencia y certificación de quórum legal. Que fue debidamente desahogado.

--- Punto dos: Declaratoria de instalación de la sesión.

Que fue debidamente desahogado.

---Punto tres: Lectura y aprobación, en su caso, del orden del día Que fue debidamente desahogado y aprobado por unanimidad de votos.

--- Punto cuatro: Lectura y aprobación, en su caso del acta de la sesión anterior celebrada el día 7 de octubre de 2007. Que fue debidamente desahogado y se aprueba por el pleno por unanimidad de votos.

--- Punto cinco: Dar cuenta de la correspondencia recibida.

Se destaca que dentro del desahogo del punto cinco del orden del día, por parte del C. LIC. ALFONSO MANCILLA JUAN, en su calidad de Secretario Técnico a {82} los Consejeros Municipales y demás participantes en la sesión, da cuenta de la correspondencia recibida, consistente en que:

--- Con fecha 09 de octubre se recibe oficio sin número en el cual, el C. ERIN GERÓNIMO MARÍN, representante propietario de la coalición "Alianza Para Vivir Mejor", solicita a este consejo la apertura de 36 treinta y seis paquetes electorales en virtud de que manifiesta que existen inconsistencia por no presentar fijadas las actas de escrutinio y computo en el paquete electoral y en la cual detalla treinta y seis casillas, (sic).

--- Con fecha 10 de octubre se recibe oficio sin número, del C. ERIN GERÓNIMO MARÍN, representante propietario de la coalición "Alianza Para Vivir Mejor", en el cual solicita que por irregularidades graves y/o mínimas y/o errores evidentes que se suscitaron durante la jornada electoral del 07 de octubre de 2007, se aperturen todos y cada uno de los paquetes electorales de las trescientos quince casillas que se instalaron en el municipio, relativo a la elección de miembros de ayuntamientos, (sic).

--- Así también se recibe escrito el día 10 de octubre sin número del C. ERIN GERÓNIMO MARÍN, representante de la coalición "Alianza Para Vivir Mejor", donde manifiesta los hechos derivados de la conducta ilícita de fecha 27 de septiembre del presente año en contra del C. GENARO HERNÁNDEZ ALFARO, quien en esa fecha ocupaba el cargo de Presidente del Consejo Municipal, (sic).

Y se da por desahogado el punto, sin que exista por parte del Consejo Municipal Electoral de Tapachula o de persona alguna, pronunciamiento o manifestación alguna sobre el particular, como se aprecia de la simple lectura de dicho punto, visible a foja 2 de la sesión de cómputo.

--- Punto seis: Declarar al {83} Consejo Electoral en sesión permanente de conformidad con el artículo 12 del Reglamento de sesiones para los consejos distritales y municipales electorales del Instituto Estatal Electoral, para realizar el cómputo municipal de la elección de miembros de ayuntamiento.

El presidente procedió a declarar al Consejo en sesión permanente.

--- Punto siete: Efectuar el cómputo municipal de la votación y declaración de validez correspondiente a la elección de miembros de ayuntamiento, en términos de lo establecido en los artículos 240 y 241, del Código Electoral del Estado de Chiapas.

Dentro de este punto, El C. MIGUEL LÓPEZ CASTRO, presidente del consejo electoral municipal de Tapachula, procedió a efectuar el cómputo municipal de la votación y declaración de validez correspondiente a la elección a miembros del ayuntamiento, en términos de establecido en los artículos 239 y 240, del Código Electoral del Estado de Chiapas; instruyendo al C. LIC. ALFONSO MANCILLA JUAN, Secretario Técnico para que diera a conocer el mecanismo del procedimiento a seguir en esta sesión de cómputo.

Se resalta que dentro del desahogo de este punto siete, visible de fojas 2 a la 7, en forma dolosa, extraña e inverosímil, con graves violaciones sustanciales al orden del día aprobado por unanimidad de votos, aparece el C. MIGUEL LÓPEZ CASTRO, presidente del consejo municipal electoral, interrumpiendo el mismo, para hacer mención que hace del conocimiento al pleno de la sesión permanente que con relación a los escritos presentados por el C. Erin Gerónimo Marín, representante de la coalición "Alianza Para Vivir Mejor", mismos que se dieron lectura en el punto cinco de correspondencia recibida, dentro del orden del día aprobado en la sesión, primeramente con relación a la apertura de los 36 paquetes electorales detallados en dicho escrito, en virtud de {84} que existen inconsistencias por no presentar fijadas las actas de escrutinio y cómputo en el paquete electoral, por lo que se presumen que existen irregularidades dentro de los mismos; en tal virtud; y en respuesta a dicha petición se manifestó que ya se había aprobado la mecánica o el procedimiento a la apertura de cada paquete, por el pleno de la sesión y que se iba acatar lo que establece el artículo 240 fracción I del Código Electoral del Estado, lo cual se llevó a cabo en el desarrollo de la sesión, aperturándose un solo paquete por no existir en poder del presidente del consejo ni obrar dentro del paquete el acta de escrutinio, llevándose a cabo nuevamente el escrutinio y cómputo de la casilla, tal y como lo establece el mismo precepto legal antes invocado en su fracción II, por lo que se consideró que no era necesario dicha apertura, por cumplir en su totalidad lo que establece la fracción I del citado artículo; lo cual se relaciona también con su escrito de fecha nueve del mes y año en curso, recibido ante este consejo, con fecha diez de octubre de 2007 a las 7.55 horas, siete horas con cincuenta y cinco minutos, donde solicita la apertura de todos y cada uno de los paquetes electorales de las trescientas quince casillas que se instalaron en el municipio que se detallan en dicho escrito, por irregularidades graves y/o mínimas y/o errores evidentes, por lo que se manifestó que nos íbamos a ajustar a la normatividad y conforme a lo establecido en el artículo 240 del Código Electoral del Estado, y que sus escritos de protestas, se ajustara a lo que establece el artículo 51 de la Ley procedimientos Electorales del Estado de Chiapas, y con relación al escrito de fecha diez de octubre de 2007, recibido ante este consejo con fecha diez del presente mes y año, donde realiza una serie de señalamientos en el actuar del C. GENARO HERNÁNDEZ ALFARO, y solicita la nulidad genérica de la elección, se manifiesta que las autoridades correspondientes, investigarán las denuncias presentadas por su representada, y a la petición de nulidad se ajustara a lo que el Código y la Ley correspondiente establece en cuanto a los recursos para los efectos {85} legales correspondientes, lo anterior se puso a consideración sin que hubiera objeción alguna, solicitando únicamente el representante de "Alianza Para Vivir Mejor", que se asentara en acta, aprobándose lo anterior y se continua con el desahogo del punto de referencia, (sic).

Y acto seguido, sigue con los resultados del cómputo municipal de la elección de miembros de ayuntamiento.

La anterior actuación y manifestación de parte del C. MIGUEL LÓPEZ CASTRO, presidente del Consejo Municipal Electoral y aprobación de los demás consejeros electorales, constituye en si, graves violaciones sustanciales, cualitativas y cuantitativas, que trasciende al resultado de la votación, habida cuenta que era precisamente en el punto cinco del mencionado orden del día, donde se debió hacer cualquier mención o pronunciamiento en relación a lo solicitado por el C. ERIN GERÓNIMO MARÍN, representante propietario de la "Alianza Para Vivir Mejor", que por economía procesal se solicita se tengan aquí por reproducidos como si se transcribiesen a la letra, o en su caso al inicio del punto siete, y no interrumpir el propio punto siete para tratar de justificar no darle la razón al citado representante, pero mas grave aún, el hecho que para justificar su ilegal proceder, aduce como fundamento toral el propio contenido del punto siete, estableciendo "que ya se había aprobado la mecánica o procedimiento a la apertura de cada paquete, por el pleno sesión y que se iba acatar lo que establece el artículo 240 fracción I del Código Electoral del Estado"..

Es de explorado derecho que el orden del día aprobado por cualquier organismo legalmente constituido, debe ser seguido en su orden, y en una estricta interpretación legal, y siguiendo el orden del día aprobado por el propio Consejo Municipal Electoral, era precisamente en el punto {86} cinco o al inicio del punto siete, donde debió hacerse mención de cualquier circunstancia que beneficiara o perjudicara al recurrente atento a sus solicitudes y planteamientos, y no beneficiar al candidato del Partido Revolucionario Institucional al hacerlo, hasta dentro del punto siete en comento, haciendo mención que ya había sido acordado y aprobado el procedimiento o mecánica a seguir para llevar a cabo el cómputo.

Los tres escritos a que aduce el punto cinco y desahogados dentro del punto siete del orden del día de la sesión de cómputo municipal de diez de octubre de dos mil siete, fueron aportados por el recurrente ERIN GERÓNIMO MARÍN, representante propietario de la coalición "Alianza Para Vivir Mejor", fueron ofrecidos y aportados como pruebas documentales privadas junto con el escrito inicial de demanda de juicio de nulidad electoral, en los siguientes términos:

a). Siendo las diecinueve horas con cuarenta seis minutos del día nueve de octubre de dos mil siete, el C. LIC. ERIN GERÓNIMO MARÍN, en su carácter de representante propietario de la coalición "Alianza Para Vivir Mejor", presentó escrito dirigido al Presidente del Consejo Municipal Electoral, relativo a la solicitud planteada para que en la sesión de cómputo municipal de la elección de miembros del ayuntamiento celebrado el día 10 de Octubre, se llevara a cabo la apertura de 36 paquetes electorales a fin de realizar el recuento de votación en virtud de no tener certeza de los resultados habida cuenta que las actas correspondientes presentan serias inconsistencias que ponen en duda la veracidad de los datos contenidos.

Esto se acreditó dentro de los autos del sumario, con la documental privada, consistente en la copia autógrafa de dicho documento, en el cual consta el sello de recibido de parte del Consejo Municipal Electoral de Tapachula.

b). Asimismo siendo {87} las 07:55 horas del día diez de Octubre del año en curso, antes del inicio de la sesión de computo se presentó escrito dirigido al Consejo Municipal Electoral de Tapachula, Chiapas, relativo a las manifestaciones vertidas ante dicho órgano electoral para dejar constancia de las actitudes ilícitas en las que incurrió el C. Genaro Hernández Alfaro, ex Presidente del Consejo Municipal Electoral, al coludirse con el Partido Revolucionario Institucional para favorecer al candidato de este mediante la coacción y soborno de los servidores públicos electorales, escrito con el cual se exhibieron las documentales siguientes:

Copia certificada de la averiguación previa número AP/009/FIE/2007 de fecha 20 de agosto del presente año integrada en contra de Ezequiel Orduña Morga.

Copia certificada del Acta Administrativa número AA/039/FIE/2007 de fecha 6 de septiembre del presente año integrada en contra de Ezequiel Orduña Morga.

Copia Certificada del Acta Administrativa número AA/079/FIE/2007 de fecha 26 de septiembre del presente año instruida en contra de Ezequiel Orduña Morga.

Copia certificada del Acta Administrativa número AA/087/FIE/2007 de fecha 26 de septiembre del presente año instruida en contra de Ezequiel Orduña Morga.

Copia certificada del Acta Administrativa número AA/154/FI E/2007 de fecha 6 de octubre del presente año instruida en contra de Ezequiel Orduña Morga, Carlos Manchinelly Ruiz, Cristóbal Ramos Solórzano e Ismael Gómez Coronel.

Copia certificada del Acta Administrativa número AA/155/FI E/2007 de fecha 6 de Octubre de 2007 interpuesta en contra de quien o quienes resulten responsables.

Copia certificada del {88} Acta Administrativa número AA/166/FI E/2007 de fecha 7 de octubre de 2007, instruida en contra de Neftalí del Toro Guzmán.

Copia certificada del resolutivo de fecha 29 de septiembre del presente año de la averiguación previa número AP/012/FI E/2007 en el que se acusa a Genaro Hernández Alfaro por delito electoral y abuso de autoridad.

Lo anterior se probó en autos del presente juicio de nulidad electoral, con la correspondiente documental privada, consistente en la copia autógrafa de dicho escrito, en el cual consta el sello de recepción, tanto del día como de la hora, por parte del Consejo Municipal Electoral de Tapachula.

c). Escrito de fecha 9 de octubre del año en curso dirigido al Consejo Municipal Electoral, con sello original de recibido, siendo las 07.55 horas, en el que se solicitó la apertura de 315 paquetes electorales en virtud de las inconsistencias que denotan así como las irregularidades graves y/o mínimas y/o errores evidentes que se suscitaron durante la jornada electoral del 7 de octubre del 2007, en cuanto al cómputo y los votos nulos.

Lo anterior se probó en autos del presente juicio de nulidad electoral, con la correspondiente documental privada, consistente en la copia autógrafa de dicho escrito, en el cual consta el sello de recepción tanto del día como de la hora, por parte del Consejo Municipal Electoral de Tapachula.

Del análisis integral de la inicial demanda de juicio de nulidad, a la luz de los agravios esgrimidos por el recurrente, y la adminiculación de las constancias y probanzas que obran en autos, en lo que interesa, la cuestión central en este asunto era determinar si las irregularidades acaecidas, durante la preparación de la elección, y durante la sesión de cómputo municipal de la {89} elección de Ayuntamiento en el Municipio de Tapachula, celebrada el diez de octubre de dos mil siete, actualizan la hipótesis de nulidad de la elección de Ayuntamiento prevista en el artículo 78 numeral 2 de la Ley de procedimientos Electorales del Estado de Chiapas; situación que en la especie quedó plenamente probada y por tanto, causa agravios que la hoy autoridad responsable, no entró al estudio y consideró fundado el agravio y determinó anular la elección en términos del numeral citado.

Al respecto, también es conveniente destacar que la actuación de los funcionarios electorales, CC. GENARO HERNÁNDEZ ALFARO, GABRIEL LÓPEZ CHAVEZ y ALFONSO MANCILLA JUAN, el primero como presidente del Consejo Municipal Electoral de Tapachula del veintiocho de febrero al 28 de septiembre de dos mil siete, y la segunda consejera electoral y el último de los mencionados como secretario técnico respectivamente del dicho Consejo, violaron el artículo 19 de la Constitución Política del Estado de Chiapas, al no garantizar a los ciudadanos la emisión de un voto libre, igual, universal, secreto y directo, ya que operaron y apoyaron al C. EZEQUIEL SAÚL ORDUÑA MORGA, candidato a presidencia de Tapachula por el Partido Revolucionario Institucional, violando también los principios rectores de una elección, como son la certeza, seguridad, legalidad, independencia, veracidad, objetividad e imparcialidad; las consideraciones anteriores se prueban plenamente, si la responsable hubiese valorado en su conjunto las probanzas admitidas y desahogadas, sobre todo a través de la presuncional legal y humana e instrumental de actuaciones; por tanto causa agravios a la coalición que represento, el hecho que la responsable no lo haya hecho así.

También destaco que la Comisión de Administración del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, conformada por la Magistrada María del Carmen Alanis, Presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y de {90} la Comisión de Administración, el Magistrado Constancio Carrasco Daza; los Consejeros de la Judicatura María Teresa Herrera Tello, Elvia Rosa Díaz de León D'Hers, Miguel Ángel Quirós Pérez, al resolver en torno a la denuncia de hechos sobre posibles irregularidades imputables a la C. NORMA INÉS AGUILAR LEÓN, servidora pública de dicho órgano jurisdiccional, se pronunció que la conducta asumida por ella, debe considerarse como grave ya que el proceder asumido, se traduce en la violación a los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que debieron salvaguardar en el desempeño de su empleo y dadas las particularidades de su puesto se presupone su capacidad, experiencia y conocimiento, tanto de la normatividad que rige los procedimientos administrativos, como las consecuencias de no ajustarse a dicha normativa. Esto según se desprende del boletín de prensa emitido el pasado día treinta de noviembre del año en curso, visible en la pagina web del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Pues bien, en lo conducente y en esencia son las mismas obligaciones que los funcionarios electorales designados en el Consejo Municipal Electoral de Tapachula, debieron tener dentro del proceso electoral y al no hacerlo así, la conducta asumida por ellos, debe considerarse como grave ya que el proceder asumido, se tradujo en la violación a los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que debieron salvaguardar en el desempeño de su empleo en términos de la Ley de Responsabilidades de Servidores Públicos del Estado de Chiapas, y dadas las particularidades de su puesto se presupone su capacidad, experiencia y conocimiento, tanto de la normatividad como las consecuencias de no ajustarse a la ley; por tanto de la , luego entonces, se actualiza la violación a los principios rectores de la elección, en franca violación al artículos 19 de la Constitución Política del Estado de Chiapas, y que además se traduce en que la responsable no lo {91} valoró así, argumentando cuestiones falaces, y por tanto causó agravios a la coalición que represento.

No resulta valido que un candidato de cualquier partido político o coalición se coluda con funcionarios electorales para obtener un ilegal triunfo, y que no obstante haber sido recurrido el mismo, acreditadas con todas las probanzas ofrecidas y admitidas todas las irregularidades, el órgano jurisdiccional electoral las convalide, declarando no procedente la anulación de la elección; desde luego, esta ilegal acción, merece una sanción, que no podrá ser otra que la nulidad que se pretende a través del medio de impugnación interpuesto.

Por otro lado, causa agravios a la coalición que represento que en la sesión de cómputo del día diez de octubre pasado, el Consejo Municipal Electoral al no seguir el procedimiento del orden del día, como requisito formal y legal, violó también los principios rectores de la elección, y cometió graves irregularidades cuantitativas y cualitativas que trascendieron al resultado de la elección, ya que existió la posibilidad real, que al proceder a una revisión de los 315 paquetes electorales, y verificar los votos nulos, se revirtiera el resultado de la elección, situación que no aconteció por la negativa de! referido Consejo, con argumentos falaces y sin fundamento, como lo fue el manifestado en el punto siete del acta de sesión.

En efecto, causa agravios al hoy recurrente, que las continúas irregularidades procedimentales que le acompañaron, lesionan gravemente los principios de legalidad, certeza y objetividad que son propios de la actuación de las autoridades electorales, razones por las cuales resultan determinantes para el resultado de la elección, máxime que tales violaciones sustanciales originadas y cometidas por dicho Consejo Municipal no sólo vulneran la legalidad electora! constitucionalmente protegida sino que ponen en duda la certeza y objetividad de los resultados consignados {92} en la correspondiente acta de cómputo municipal de la elección del Ayuntamiento de Tapachula.

En consecuencia, al acreditarse dentro de los autos del sumario, las violaciones sustanciales cometidas en la preparación y desarrollo de la misma, que son determinantes para el desarrollo de la elección, se considera suficiente para que el Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, anule la elección a miembros de Ayuntamiento de Tapachula.

Se aporto corno prueba superveniente, el diverso juicio de inconformidad número 16/2007 que se ventila en el propio Tribunal Electoral del Estado, donde se tuvo conocimiento que el representante del Partido Revolucionario Institucional, trató de evitar el cambio del C. GENARO HERNÁNDEZ ÁLFARO, presidente del consejo electoral municipal de Tapachula, con esta probanza se prueba la vinculación del Partido Revolucionario Institucional con la actuación ilícita del mencionado funcionario electoral; el Tribunal admitió la probanza y solicitó copia certificada del expediente.

Por otro lado, se desataca que la actuación de los funcionarios electorales aludidos e involucrados, los notarios públicos citados, así como el C: EZEQUIEL SAUL ORDUÑA MORGA, son copartícipes de una acción delictiva y por tanto es necesario que en la resolución que dicte la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en un punto resolutivo se de vista al Ministerio de Justicia para que inicie una averiguación previa y resuelva lo que en derecho proceda.

Son aplicables a lo esgrimido en este aparatado, las siguientes tesis bajo los rubros:

EXHAUSTIVIDAD EN LAS RESOLUCIONES, CÓMO SE CUMPLE. [SE TRANSCRIBE] {93}

EXHAUSTIVIDAD, MODO DE CUMPLIR ESTE PRINCIPIO CUAMDO SE CONSIDEREN INSATISFECHAS FORMALIDADES ESENCIALES. [SE TRANSCRIBE]

AUTORIDADES ELECTORALES. LA INDEPENDENCIA EN SUS DECISIONES ES UNA GARANTÍA CONSTÍTUCÍONAL. [SE TRANSCRIBE]

En consecuencia, al actualizarse {94} fundado el agravio, así como las violaciones cuantitativas y cualitativas ocasionadas por los funcionarios electorales, es procedente la nulidad de elección

Son aplicables a la presente causal de nulidad genérica las siguientes tesis emitidas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que a la letra dicen:

NULIDAD DE ELECCIÓN FACTORES CUALITATIVO Y CUANTITATIVO DEL CARÁCTER DETERMINANTE DE LA VIOLACIÓN O IRREGULARIDAD. [SE TRANSCRIBE]. {95}

NULIDAD DE ELECCIÓN, CAUSA ABSTRACTA (Legislación de Tabasco y similares). [SE TRANSCRIBE] {96}

NULIDAD DE ELECCIÓN. VIOLACIONES SUSTANCIALES QUE SON DETERMINANTES PARA EL RESULTADO DE LA ELECCIÓN (Legislación de San Luis Potosí). [SE TRANSCRIBE] {97}

NULIDAD DE LA VOTACIÓN RECIBIDA EN CASILLA, ELEMENTOS PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LA CAUSA GENÉRICA (Legislación del Estado de México y similares). [SE TRANSCRIBE] {98}

En consecuencia, {99} solicito a la Sala Superior que los agravios esgrimidos y pruebas ofrecidas y admitidas por la coalición que represento, se valoren en su conjunto, incluyendo la presuncional legal y humana e instrumental de actuaciones, y llegará a la verdad legal, que en la elección a miembros del ayuntamiento del municipio de Tapachula, Chiapas, se violaron flagrantemente los principios rectores de una elección previstos en el artículo 19 de la Constitución Política del Estado de Chiapas, y por tanto y de acuerdo al estudio realizado, se actualizaron las causales de nulidad de elección que se refieren los numerales 78 de la Ley de Procedimientos Electorales del Estado de Chiapas.

QUINTO:

FUENTE DEL AGRAVIO.- Lo constituye la resolución que se impugna por esta vía en su considerando quinto inciso e), relativo a que cuando existan irregularidades graves plenamente acreditadas y no reparables durante la jornada electoral o en las actas de escrutinio y cómputo que en forma evidente pongan en duda la certeza de la votación y sea determinante para el resultado de la misma, igualmente {100} la parte de la sentencia en la que el Tribunal responsable señala que no es viable la solicitud de apertura de paquetes solicitada por mi representantes, así como los correspondientes puntos resolutivos, en donde la autoridad responsable determina que se confirma la declaración de validez de la elección de miembros de ayuntamiento de Tapachula, Chiapas y la entrega de las constancias respectivas a favor de los candidatos postulados por el Partido Revolucionario Institucional, y que en obvio de repeticiones innecesarias, pido a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, los tenga aquí por reproducidos como sí se transcribiesen a la letra.

ARTÍCULOS CONSTITUCIONALES Y DISPOSITIVOS LEGALES VIOLADOS.- Tanto el Magistrado Instructor como el Pleno del Tribunal Electoral del Estado violó en perjuicio de mi representado los artículos 14, 16, 17, 41, 130 y demás relativos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los numerales 2, 16, 19, 34 y 61 de la Constitución del Estado de Chiapas, así como los diversos 1°, 35, demás relativos del Código Electoral del Estado de Chiapas, así como los diversos artículos 1, 2, 3, 4, 5, 19, 20, 77 numeral 1 inciso k), 78 y demás relativos de la Ley de Procedimientos Electorales del Estado de Chiapas.

CONCEPTO DE AGRAVIO.- Causa agravio a la parte que represento la violación de los preceptos constitucionales y legales citados en donde se establece como una garantía para todos los gobernados la de debido proceso legal, garantía de seguridad jurídica que estipula la obligación de toda autoridad jurisdiccional para que, en el dictado de sus sentencias, cumpla con las formalidades esenciales del procedimiento.

La autoridad responsable vulnera el debido proceso legal al no {101} valorar correctamente las pruebas ofrecidas para acreditar las diversas causales de nulidad de casilla, así como las pruebas que dejaban de manifiesto que procedía la apertura de los paquetes de las casillas que se señalaron tanto en el escrito presentado ante el Consejo Municipal como en la demanda de juicio de nulidad electoral a la que recayó la sentencia que hoy se impugna, la cual es incongruente y errónea como se verá a continuación. Cuestión que causa agravio a mi representada ya que no cumple con las obligaciones que le imponen los artículos de la Ley de Procedimientos Electorales del Estado de Chiapas, además de que no realiza un estudio profundo y exhaustivo de los hechos y agravios expuestos.

Efectivamente, causa agravio a la coalición que represento, lo referido en la resolución de la autoridad responsable en el inciso identificado como E, en la que señaló literalmente que:

"La Coalición Alianza Para Vivir Mejor, esgrime, en esencia, que en la elección de miembros de ayuntamientos de Tapachula, Chiapas, se suscitaron una serie de irregularidades que inciden en el resultado y que ponen en duda la certeza de la votación, entre esas se encuentran un sinfín de votos válidos que de mala fe no fueron contabilizados a favor de la coalición actora, ni el Consejo Municipal electoral accedió a aperturar las casillas en las que el número de votos nulos excede, en muchos casos, la diferencia existente entre el primero y segundo lugar, pues esta es de dos mil seiscientos cincuenta y tres votos, y la suma total de votos nulos es de cuatro mil ciento veintitrés, por lo que la autoridad jurisdiccional en uso de sus atribuciones debe ordenar la apertura de los paquetes electorales llevando a cabo el escrutinio y cómputo para corroborar fehacientemente que los votos fueron debidamente contados y asignados a los partidos contendientes.

La recurrente agrega, que antes de la sesión de cómputo municipal, se solicitó por escrito al presidente del consejo municipal la apertura de doscientos ochenta y cuatro casillas, en las que se registran inconsistencias por existir error en el cómputo, petición que fue obviada por ese órgano electoral, que de la información proporcionada por sus representantes de casilla, se les hizo saber que al realizar el escrutinio y cómputo de los votos, presentaron inconformidades por no aceptar la validación de votos a favor de la coalición actora, siendo contados como votos nulos por insistencia de los representantes del Partido Revolucionario Institucional, lo que se puede verificar al revisar las actas de escrutinio y cómputo de la elección, por lo que se reitera la petición de que se ordene la apertura de los paquetes electorales correspondientes a las casillas 1265 C1, 1267 B, 1267 C1, 1268 {102} B, 1270 B, 1270 C3 1271 B 1272 B, 1272 C2, 1273 B, 1273 C3, 1274 B, 1274 C1, 1276 B, 1277 B, 1278 B, 1281 C2, 1287 C1, 1288 B, 1292 B, 1292 C1, 1294 C2, 1295 B, 1298 B, 1299 B, 1301 C1, 1304 C1, 1308 B, 1309 C1, 1310 B, 1311 C1, 1311 C2, 1312 B, 1312 C1, 1313 B, 1313 C1, 1314 C1, 1315 B, 1317 C1, 1319 B, 1321 C1, 1322 C1, 1329 B, 1329 C2, 1331 B, 1331 C1, 1332 B, 1332 C1, 1332 C2, 1333 B, 1333 C1, 1333 C2, 1334 C2, 1335 C1, 1335 C2, 1336 C2, 1338 C1, 1338 C3, 1340 C1, 1340 C6, 1340 C8, 1341 B, 1341 C1, 1343 C2, 1343 C3, 1346 C1, 1346 C2, 1346 B, 1347 C1, 1351 C1, 1352 B, 1358 B, 1358 C1, 1359 B, 1359 C1, 1360 C1, 1361 B, 1361 C1, 1362 B, 1362 C1, 1365 B, 1369 B, 1371 B, 1371 C1, 1374 B, 1374 C1, 1377 B, 1378 C2, 1381 B, 1381 C1, 1384 B, 1384 C1, 1390 C1, 1391 B, 1393 C1, 1396 B, 1399 E1, 1403 C2, 1403 C4, 1403 C5, 1403 C7, 1403 C8, 1403 C9, 1403 C12, 1403 C15, 1403 C14.

La Coalición Alianza para Vivir Mejor, sostiene que las irregularidades presentadas en la jornada electoral trascienden a aquellas actas de escrutinio y cómputo en las que no se registró dato alguno o bien se anotaron cantidades que no concuerdan con el resto de los resultados asentados en el acta, lo que provoca confusión para conocer con certeza si el contenido de las actas es real o está sujeto a causal de nulidad alguna que implique revertir el triunfo del candidato ganador, por la omisión de los funcionarios de casilla al llenar las actas.

La inconforme termina este agravio, expresando que las múltiples irregularidades que acontecieron en la jornada electoral, en las actas de escrutinio y cómputo se asentaron datos que demuestran el dolo y la mala fe de funcionarios de las mesas de casilla, que estuvieron coludidos con el candidato del Partido Revolucionario Institucional para favorecer a éste, situación que marcó una desventaja al candidato de la coalición actora, principalmente en aquellos casos donde por disposición de los representantes de casilla del partido ganador, muchos votos válidos emitidos a favor del candidato de la Coalición Alianza Para Vivir Mejor, fueron declarados nulos.

Previo al estudio de los agravios vertidos, es necesario precisar que esta causal de nulidad posee los elementos normativos siguientes:

1) Que existan irregularidades graves plenamente acreditadas;

2) Que no sean reparables durante la jornada electoral o en las actas de escrutinio y cómputo;

3) Que en forma evidente pongan en duda la certeza de la votación; y

4) Que sean determinantes para el resultado de la votación.

En lo que se refiere al primer supuesto normativo, por irregularidad debe entenderse todo acto que sea contrario a la ley, es decir, toda conducta activa o pasiva que contravenga los principios rectores de la función electoral; ahora bien, para determinar la gravedad, debe tomarse en {103} cuenta primordialmente las consecuencias jurídicas, del acto o conducta de referencia, esto es, las repercusiones que afecten el resultado de la votación y la trascendencia que trae consigo; y, por plenamente acreditada, significa que el acto o conducta irregular es de una notoriedad tal, que ya sea por sí o por algún(os) otro(s) medio(s) probatorio se acredite su existencia, y por lo mismo, no deja lugar a duda alguna, así entonces, concluimos que por irregularidad grave plenamente acreditada se refiere a un acto o conducta practicada de manera contraria a la norma establecida y que afecta a la función electoral negativamente y que esa irregularidad está demostrada de manera notoria, clara y precisa que no deja lugar a duda; cabe destacar que estas irregularidades deben por sí solas ser suficientes para configurarse como causal de nulidad independiente de las previstas en los incisos de la a), a la j), del artículo 77, de la Ley de Procedimientos Electorales del Estado.

Además, resulta conveniente mencionar que de la lectura de los preceptos que integran el sistema de nulidades establecido en la ley, se desprende que las causales de nulidad no sólo se actualizan durante la jornada electoral, sino también fuera de ésta, como son los casos de los incisos f) y j), del citado articulo 77, en los que se prevé la anulación de la votación de la casilla por recibir la votación en fecha distinta a la indicada pala la celebración de la elección así como, entregar, sin causa justificada, el paquete de los expedientes electorales al Consejo Electoral, fuera de los plazos que el código de la materia señala, respectivamente.

Por ende, las irregularidades a que se refiere esta causal también pueden actualizarse antes del inicio de la jornada electoral, durante o después de la misma, siempre y cuando se trate de actos relacionados con dicha etapa y que repercutan directamente en el resultado de la votación.

En cuanto al segundo supuesto que se refiere a no reparables, significa que los actos o conductas no se puedan enmendar, corregir, remediar, o subsanar en su oportunidad y que por lo mismo, trascienden al resultado de la votación; cabe precisar que para constatar si se actualiza o no el supuesto de nulidad de mérito, se consideran viables los criterios cuantitativo o aritmético, así como el cualitativo.

Por lo que se refiere al tercer supuesto que pongan en duda la certeza de la votación; por certeza se entiende que las acciones o conductas realizadas, son veraces, reales y apegadas a los hechos, sin manipulaciones o adulteraciones, esto es, que el resultado de todo lo actuado en los procesos electorales sea plenamente verificable, fidedigno y confiable, reduciendo al mínimo los errores desterrando cualquier vestigio de vaguedad o ambigüedad, así como de duda o suspicacia, a fin de que aquellas adquieran el carácter de auténticas.

Ahora bien antes de abordar los conceptos de violación planteados por la actora, es menester dejar apuntado en qué supuestos es pertinente la apertura de paquetes electorales y hacer nuevo escrutinio y cómputo de votos.

El sistema electoral {104} de nuestro Estado, reconoce a las mesas directivas de casilla como autoridades primigenias y fundamentales de los comicios, por estar integradas por ciudadanos libres de vínculos con los órganos del Estado, que no están dedicados profesionalmente al desempeño de un cargo público con ejercicio de mando y poder, y que han sido elegidos al azar en un proceso de insaculación, o entrado en sustitución por estar formados en la fila para votar, para dar fe del ejercicio directo de la soberanía popular el día de la jornada electoral, en las importantísimas funciones de recibir directa e inmediatamente la expresión del cuerpo electoral en la votación, de contar los sufragios y de calificar la validez de cada uno, y emitir una determinación definitiva, que se hace constar en el acta de escrutinio y cómputo de cada casilla.

La importancia de esta función constituye la razón de que los datos consignados en dichas actas, cuando satisfacen todas las formalidades legales esenciales, sean la base inmutable de las operaciones que se deben llevar a cabo para obtener el resultado final de la elección, mediante una o varias operaciones concentradoras, que arrojen las últimas cifras correspondientes.

Empero, la propia legislación contempla casos excepcionales, en que las autoridades electorales pueden o deben corroborar los datos que obran en el acta o tratar de encontrar el contendido de las anotaciones faltantes en ellas, mediante la apertura de los paquetes electorales en los que se encuentre la documentación empleada en la jornada electoral, que suelen culminar con el recuento y recalificación de los votos. Estos casos de excepción se deben invocar, normalmente, en la sesión de cómputo general, ante el consejo municipal electoral correspondiente, que se dan cuando los resultados del acta que consta en el paquete y de la que está en poder de la autoridad electoral no coincidan; si se detectan alteraciones evidentes; ante la inexistencia de acta en el expediente electoral de la casilla y del presidente del Consejo correspondiente, o cuando existan errores evidentes en las actas.

Sobre este último punto, es criterio de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que el concepto de errores evidentes en las actas, conforme al cual el consejo respectivo podrá acordar realizar nuevamente el escrutinio y cómputo de la votación recibida en las casillas, se refiere a los casos en los cuales no haya concordancia entre los diversos datos que deben quedar asentados en las actas respectivas, en relación con los votos emitidos, esto es, cuando haya discrepancias entre los rubros fundamentales, en los cuales se consignan votos, relativos a los conceptos siguientes:

a) Ciudadanos que votaron incluidos en la lista nominal, en las sentencias del Tribunal Electoral, los representantes de los partidos políticos o coaliciones.

b) total de boletas depositadas en las urnas y

c) el resultado de {105} la votación emitida; o bien, cuando se haya omitido alguno de esos datos.

Asimismo, cuando las inconsistencias se presenten en relación con la diferencia entre las boletas recibidas y las boletas sobrantes.

En el primer supuesto, en que las inconsistencias se encuentran respecto a votos, el Consejo Municipal está obligado a realizar el nuevo escrutinio y computo de la votación de casilla, de oficio, aunque no medie petición alguna. En el segundo, cuando la inconsistencia está en los datos relativos a boletas, la obligación surge sólo ante la denuncia de la diferencia y la petición de recuento, por parte del representante de algún partido político o coalición.

Por su parte, la jurisprudencia del máximo Tribunal Electoral del País ha precisado que la posibilidad de ordenar la apertura de paquetes electorales, además de aquellos casos en que se acojan los agravios relativos a que la autoridad electoral correspondiente no procedió a hacerlo ante la actualización de uno de los supuestos legales indicados, también se encuentra dentro de las atribuciones probatorias de los tribunales electorales, especialmente en e! campo de las facultades para decretar diligencias para mejor proveer, pero se acota esta posibilidad para casos verdaderamente excepcionales, y extraordinarios en los que se advierta claramente su necesidad e idoneidad, verbigracia, cuando en el acta existan espacios en blanco o datos incongruentes qué sean insuficientes para explicar esas situaciones con criterios racionales; que tengan por objeto dilucidar si las omisiones o incoherencias son violatorias de los principios rectores en materia electoral y que sean determinantes para el resultado de la votación de la casilla. Todo esto con el objeto de esclarecer la realidad de los resultados, y tenerlos como base para definir si se actualiza o no la causal de nulidad invocada, en relación con la casilla de que se trate. También se precisan en ese criterio las condiciones que deben prevalecer para estar en aptitud de decretar esa diligencia.

Jurisprudencia de rubro y texto siguientes:

DILIGENCIAS PARA MEJOR PROVEER. PROCEDE REALIZARLAS CUANDO EN AUTOS NO EXISTAN ELEMENTOS SUFICIENTES PARA RESOLVER.

PAQUETES ELECTORALES. SÓLO EN CASOS EXTRAORDINARIOS SE JUSTIFICA SU APERTURA ANTE EL, ÓRGANO JURISDICCIONAL.

Lo anterior, encuentra apoyo además en que el sufragio universal, libre, secreto y directo constituye la base fundamental de las elecciones libres y democráticas, razón por la cual, resulta importante, tener certeza sobre la totalidad de los votos depositados en las urnas y, por ende, uno de los instrumentos diseñados por la ley para garantizar dicha certeza es el procedimiento previsto para realizar el escrutinio y cómputo de la votación {106} recibida en las casillas, a través del asentamiento de diversos datos que, correlacionados, permitan corroborar el sentido del voto en cada casilla.

Así, tener certeza sobre la totalidad de los votos emitidos y el sentido de ellos adquiere relevancia en las elecciones democráticas para determinar al candidato electo, porque tanto los partidos contendientes como la sociedad en su conjunto, tienen mayor interés en tener certidumbre de que el cómputo de los votos se llevó a cabo adecuadamente, y que en verdad la decisión mayoritaria es la que se advierte en un primer momento o si las posibilidades de error en el cómputo de varias casillas pudieran llevar, luego de una verificación o recuento, en los términos previstos en la ley, a un resultado diferente.

Ahora bien, de los artículos 14, 20, 28, 37, 38, 49 y 52 de la Ley de Procedimientos Electorales del Estado de Chiapas se puede advertir, que existe prevista la facultad para que el Magistrado responsable de la instrucción, pueda acordar que se practiquen diligencias o que una prueba se perfeccione o se desahogue sin más limitación que se trate de las reconocidas por la legislación aplicable y que no sean contrarias a la mora* y al derecho, siempre que sean conducentes para el conocimiento de la verdad sobre los puntos cuestionados, correspondiéndole en todo momento !a carga de la prueba a quien afirme, o quien niegue, sí en su negación implicara la afirmación expresa de los hechos o agravios expresados por el actor en el escrito de demanda.

De la interpretación armónica de los preceptos antes señalados, se puede arribar a la convicción de que la facultad que tiene el órgano jurisdiccional loca! en materia electora! para decretar la realización de diligencias para mejor proveer, no puede ser entendida en el sentido de que el juzgador tiene la obligación de realizar todas aquellas tendentes a demostrar la verdad de los hechos, independientemente de que éstos hubieran sido o no alegados por el actor, pues sin perjuicio de que se trata de una facultad potestativa, una interpretación en ese sentido haría nugatorio el principio procesal de la carga probatoria antes precisado, en el que, se insiste, le corresponde a las partes en los medios de impugnación en materia electoral la obligación de expresar los hechos y los agravios, así como la carga de ofrecer y aportar las pruebas correspondientes al tenor de lo dispuesto por los artículos 14 y 20 de la ley adjetiva electoral.

Lo anterior es así, porque la función interpretativa tiene como propósito la cabal comprensión armónica de las normas jurídicas que forman parte de un mismo sistema, de manera tal que la interpretación de una de ellas no haga inaplicables a otras. En este sentido, la interpretación de lo dispuesto en la norma que establece la facultad de los órganos jurisdiccionales en materia electoral para ordenar la realización de diligencias para mejo; proveer, no debe hacer inaplicables las que establecen para las partes la carga de alegar y probar.

En ese tenor, la interpretación de las disposiciones legales de referencia, hecha a la luz de los principios procesales rectores en materia de pruebas, {107} también permite arribar a la determinación de que las exigencias para decretar la apertura de paquetes, en términos del artículo 240 del Código Electoral local, no son de carácter meramente formal, por lo que no basta con sola petición que formule alguno de los representantes de los partidos políticos o coaliciones debidamente registrados ante el órgano administrativo electoral responsable de la celebración del cómputo correspondiente, pues resulta además necesario cumplir con la carga probatoria de acreditar sus afirmaciones, así como la procedencia de su acción.

Bajo este contexto, en los artículos 239 y 240, del Código Electoral del Estado, se establecen las pautas del procedimiento de cómputo municipal para la elección de ediles.

Así se tiene que, en dichas disposiciones legales se prevé el procedimiento a cargo de tos consejos municipales, consistente en lo siguiente:

a) Separarán los paquetes que contengan los expedientes de la elección, que no tengan muestras de alteración exterior, de aquellos que sí tengan muestras de alteración exterior.

b) Abrirán los paquetes que contengan los expedientes de la elección, que no tengan muestras de alteración exterior, sólo para obtener de ellos, el acta de escrutinio y cómputo levantada en casilla.

c) En el orden numérico de las casillas del municipio de que se trate, se cotejará el resultado del acta de escrutinio y cómputo que se extrajo del expediente de casilla, con los resultados del acta que obre en poder del Presidente del Consejo Municipal.

d) Si de dicho cotejo se obtiene que los resultados de tales actas coinciden, se asentará ese resultado en las formas establecidas para ese fin, esto es, la votación recibida en la casilla correspondiente.

e) Si los resultados de las actas señaladas en el inciso c) no coinciden se deberá realizar nuevamente el escrutinio y cómputo de la casilla.

f) Si se detectaren alteraciones evidentes en el acta que obra en poder del Presidente del Consejo Municipal y o en la que obra en el expediente de casilla se deberá realizar nuevamente el escrutinio y cómputo de la casilla

g) Si no existiere el acta de escrutinio y cómputo en el expediente de la casilla ni obrare en poder del Presidente del Consejo Municipal, se deberá realizar nuevamente el escrutinio y cómputo de la casilla.

h) Cuando existan errores evidentes en las actas, el Consejo Municipal podrá acordar realizar nuevamente el escrutinio y cómputo señalado en el inciso anterior.

i) A continuación {108} se abrirán los paquetes con muestras de alteración exterior y se realizarán, según sea el caso, las operaciones señaladas en los incisos anteriores, lo cual se hará constar en el acta circunstanciada respectiva;

j) La suma de los resultados, es decir, la respectiva votación emitida en cada una de las casillas instaladas en el municipio, después de realizar las operaciones indicadas en los incisos anteriores, constituirá el cómputo municipal de la elección de miembros de ayuntamientos, el cual se asentará en el acta correspondiente.

Las hipótesis consistentes en que: 1. El acta de escrutinio y cómputo contenida en el expediente de la casilla no coincida con los resultados del acta que obra en poder del Presidente del Consejo municipal; 2. En tales actas se detecten alteraciones evidentes que generen duda sobre el resultado de la votación en la casilla y 3. No existiere el acta de escrutinio y cómputo en el expediente de la casilla ni obrare en poder del Presidente del Consejo explican por sí solas, la obligación de los Consejos Municipales, de proceder a un nuevo escrutinio y cómputo de la votación recibida en la casilla de que se trate, puesto que en todos esos casos se pone en duda la certeza de dicho acto

En las condiciones apuntadas, se puede concluir que la apertura de paquetes electorales a efecto de realizar un nuevo escrutinio y cómputo de los votos no es un medio de prueba común que proceda ordenarse en forma arbitraria por el juzgador, sino que, como se ha precisado, es menester, en primer lugar, que el justiciable lo solicite y acredite sus afirmaciones, además de que se surtan los supuestos previstos en la legislación electoral para que proceda la apertura de los paquetes electorales, los cuales necesariamente deben estar vinculados con !a certeza de la votación.

Sobre las bases expuestas, se procede al estudio de las irregularidades que esgrime la coalición actora.

Los motivos de disenso expuestos resultan inoperantes por una parte e infundados por la otra, pues la inconforme se limita a hacer manifestaciones genéricas, imprecisas y contradictorias, que impiden a esta Sala analizar si efectivamente sucedieron las irregularidades citadas por la actora.

En efecto, resulta inoperante el aserto de la Coalición Alianza para Vivir Mejor, en el sentido de que un sinfín de votos válidos de mala fe no fueron contabilizados a su favor por los funcionarios de casilla, al igual que la manifestación en el sentido de que el Consejo Municipal Electoral no accedió a aperturar las casillas en las que el número de votos nulos excede, la diferencia entre el primero y el segundo lugar.

La inoperancia del agravio estriba en que la impetrante, si bien precisa ciento seis casillas, en las que solicita la apertura de paquetes electorales, {109} y sostiene que el número de votos nulos excede en muchos casos la diferencia existente entre el primero y segundo lugares de la votación, lo cierto es, que no expone los motivos o circunstancias, por los que a su juicio considera que esos votos que le favorecían, y que manifiesta que indebidamente fueron declarados nulos por los funcionarios de casilla, se debieron calificar como legítimos en su beneficio; asimismo, no precisa el número de sufragios en que se dio tal circunstancia, ni aporta probanza alguna con las que acredite tal situación.

Ante tales omisiones este órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado para acceder a las pretensiones de ¡a actora, a! no tener los elementos para ponderar si la irregularidad reclamada existe y si la misma resulta determinante, por lo que la impetrante incumple lo previsto en el artículo 49. párrafo 1, inciso c), de la ley adjetiva de la materia, que textualmente establece:

Artículo 49.- Además de los requisitos establecidos por el párrafo primero del artículo 14 de esta ley, el escrito por el cual se promueva el juicio de nulidad electoral deberá cumplir con lo siguiente:

…

c) -La mención individualizada de las casillas cuya votación se solicite sea anulada en cada caso y la causa que se invoque para cada una de ellas; y,

Esto es así, pues si bien es verdad que la demandante aduce que sus representantes ante las mesas directivas de casilla presentaron inconformidades al momento de la realización de los escrutinios y cómputos, por la no validación de votos a favor de la actora, y por haberlos declarado nulos. Lo cierto es que ésta no precisa en qué casillas sucedieron tales irregularidades y en cuales presentaron esas inconformidades; pues en su demanda no aporta escrito de incidentes ni de protesta, donde se acredite aun presuntivamente, que sucedieron los hechos que invoca.

No escapa a esta Autoridad, que previo a la sesión de cómputo respectiva mediante escritos presentados los días nueve y diez de octubre de esta anualidad, ante el Consejo Responsable, el representante de la Coacción Alianza Para vivir Mejor, en el primero de ellos, expuso:

"Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 240 del Código Electoral del Estado de Chiapas, vengo a solicitar la apertura de tos 36 (treinta y seis) paquetes electorales que en seguida se detallan por números de secciones y distritos electorales inconsistentes, esto en virtud que existen inconsistencias en los mismos por no presentar fijadas las actas de escrutinio y cómputo en el paquete electoral con la finalidad de contar voto por voto, las cuales se presume que existen irregularidades dentro de los mismos.

En el segundo {110} escrito presentado a las siete horas cincuenta y cinco minutos, del día diez de octubre de la presente anualidad, expuso:

"Por medio del presente escrito y con fundamento en los criterios sustentados por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en las Sentencias de los expedientes relativos a las elecciones 2006 para elegir Presidente de la República y Gobernador del Estado de Chiapas, respectivamente, vengo ante este órgano electoral a solicita que por irregularidades graves y/o mínimas y/o errores evidentes que se suscitaron durante la jornada electoral del 07 de octubre del 2007, tanto en error en el cómputo, como en votos nulos, para que se aperturen todos y cada uno de los paquetes electorales de las trescientos quince casillas que se instalaron en el Municipio, relativos a la elección de miembros de ayuntamiento, que a continuación se relacionan:"